En un reciente anuncio, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incrementado la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de 15 millones a 25 millones de dólares. Esta medida, que se enmarca dentro de una nueva batería de sanciones impuestas por la Administración del presidente Joe Biden, tiene como objetivo combatir el narcotráfico y otros delitos relacionados con el mandatario venezolano.
La recompensa por Maduro se eleva tras las acusaciones internacionales de vínculos con el narcotráfico, y en un momento en el que Maduro acaba de juramentarse nuevamente como presidente ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Este acto, realizado en medio de fuertes críticas y acusaciones de «golpe de Estado» por parte de la oposición, ha sido un punto álgido en la crisis política venezolana, con la oposición liderada por figuras como Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria electoral.
Además de la recompensa por Maduro, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a ocho funcionarios venezolanos, entre los que destacan Héctor Obregón, recientemente nombrado jefe de la petrolera estatal venezolana PDVSA, y Ramón Velásquez, ministro de Transporte de Venezuela. Las sanciones forman parte de los esfuerzos de Washington para presionar al régimen de Maduro, al cual se le acusa de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El presidente Nicolás Maduro y su círculo cercano han rechazado constantemente las sanciones impuestas por Estados Unidos, calificándolas como medidas ilegítimas y acusando a Washington de intentar desestabilizar la economía venezolana. Maduro ha sostenido que las sanciones son una «guerra económica» cuyo fin es paralizar la economía y el bienestar del pueblo venezolano.