Durante el año 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un total de $5,850.1 millones en préstamos, garantías para instituciones autónomas y autorizaciones de títulos valores, como parte de la estrategia financiera del Gobierno para atender diversas necesidades y obligaciones fiscales.
De este monto, $2,350.1 millones corresponden a préstamos directos otorgados por diferentes instituciones financieras, de los cuales la mayor parte proviene de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que representa el 40% de los acreedores, sin contar los tenedores de los títulos valores colocados. Además, las autoridades autorizaron la emisión de hasta $3,500 millones en títulos valores a través del Ministerio de Hacienda.
El 2024 vio tres autorizaciones clave para la emisión de títulos valores. La primera, por $1,000 millones, fue aprobada el 28 de febrero para atender las obligaciones generales y el manejo de deudas o pasivos. La segunda, de $1,500 millones, se aprobó el 22 de mayo para continuar con operaciones de manejo de pasivos, mientras que la tercera, por $1,000 millones, fue autorizada el 12 de noviembre para atender emergentes obligaciones del Estado, incluidas operaciones de manejo de pasivos.
Aunque la deuda total aprobada asciende a $5,850.1 millones, no toda fue integrada al presupuesto general del Estado de 2024. La mayoría de los préstamos presentan desembolsos graduales según sus plazos respectivos, mientras que $2,200 millones correspondientes a las emisiones de títulos valores fueron incorporados al presupuesto del año pasado a través de dos reformas presupuestarias. La primera reforma, por $1,000 millones, fue realizada el 31 de julio, y la segunda, por $1,200 millones, el 26 de septiembre, ambas vinculadas a las emisiones aprobadas en febrero y mayo de 2024.
Entre los acreedores más relevantes de la deuda autorizada se encuentran instituciones financieras internacionales como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). También se incluyen el Fondo Saudita para el Desarrollo, entidad financiera estatal de Arabia Saudita, y la empresa china Yutong Bus Co., que participa en el financiamiento de ciertos proyectos específicos.
Cabe destacar que la mayor parte de la deuda aprobada en 2024 está vinculada a los tenedores de títulos valores, quienes asumen el 51.5% de la deuda total autorizada. Estos tenedores, a través de diversas emisiones y colocaciones de bonos, serán responsables de una porción significativa de la deuda futura, la cual se irá liquidando de acuerdo con los plazos establecidos.
Este volumen de deuda y los préstamos asociados forman parte de las políticas fiscales del Gobierno para financiar el presupuesto estatal, cubrir pasivos, y continuar con el manejo de la deuda externa e interna. Si bien los desembolsos serán graduales, las reformas presupuestarias y los mecanismos de emisión permiten una mayor flexibilidad para atender las necesidades inmediatas y proyectadas del país.
La aprobación de estos montos también refleja el enfoque del Gobierno para asegurar el financiamiento de proyectos clave sin depender excesivamente de fuentes internas de deuda, y con la esperanza de fortalecer la estabilidad económica y fiscal del país en los próximos años.