La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva extensión del régimen de excepción, alcanzando su prórroga número 50 desde su implementación en marzo de 2022. La medida estará vigente del 1 al 30 de mayo y fue avalada con 57 votos, tanto en la dispensa de trámite como en el decreto. El partido Vamos votó en contra, mientras que Arena no estuvo presente en la sesión.
El Gobierno justificó la solicitud argumentando la necesidad de mantener suspendidas ciertas garantías constitucionales para evitar retrocesos en materia de seguridad. La petición se basa en recomendaciones del Consejo de Ministros y en informes del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien sostiene que aún persisten estructuras criminales activas, incluso con operaciones desde el extranjero.
Entre los argumentos oficiales se menciona la captura de presuntos miembros de pandillas en distintos niveles, así como acciones delictivas vinculadas al narcotráfico y financiamiento ilícito. Además, las autoridades reportan detenciones de personas deportadas y operativos de incautación en diferentes puntos del país.
El régimen de excepción implica la suspensión de derechos relacionados con la defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, contemplados en la Constitución. Según el Ejecutivo, desde su implementación se han detenido a más de 91,000 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales y se han registrado más de 1,100 días sin homicidios.
Durante el debate legislativo, diputados de Nuevas Ideas defendieron la continuidad de la medida. El legislador Jonathan Hernández aseguró que seguirán aprobándola “las veces que sea necesario”, mientras que su colega Evelyn Merlos subrayó que la suspensión no abarca todas las garantías constitucionales, sino únicamente tres disposiciones específicas.
Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, consideró que, aunque la medida no debe ser permanente, actualmente sigue siendo necesaria para mantener los niveles de seguridad alcanzados.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la aplicación del régimen, señalando denuncias de capturas arbitrarias, malos tratos y fallecimientos en centros penales.
Aunque el Gobierno atribuye al régimen la significativa reducción de homicidios en los últimos años, registros oficiales reflejan que esta tendencia a la baja comenzó desde 2016 y se ha mantenido de forma sostenida hasta la actualidad.