Los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine, representantes del Partido Demócrata y líderes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, emitieron una declaración este lunes exigiendo al gobierno de Nayib Bukele que «restaure el orden constitucional» y ponga fin a las prácticas del régimen de excepción, incluidas las detenciones masivas. Este pronunciamiento llega tras la reciente prórroga 32 del régimen de excepción, aprobada el 5 de noviembre de 2024.
Puntos clave de la declaración:
- Preocupación por derechos humanos: Los senadores han manifestado su preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos en El Salvador, especialmente desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.
- Exigencia de justicia: Cardin y Kaine pidieron que los detenidos tengan acceso a sus familiares y asesoría legal, y que se proporcione apoyo para la reintegración de aquellos que hayan sido arrestados injustamente.
- Críticas al régimen de excepción: Los senadores denunciaron que el régimen de excepción «crea una narrativa falsa» de que la seguridad puede lograrse a costa de los derechos humanos y la democracia. Subrayaron que miles de salvadoreños han sido arrestados arbitrariamente sin debido proceso, y que las condiciones en las cárceles son inhumanas, con hacinamiento y violaciones a los derechos fundamentales.
- Reconocimiento de los logros en seguridad: Si bien los senadores reconocen la disminución de homicidios en El Salvador, advirtieron que la violencia del Estado no es una solución sostenible y que reemplazar la violencia de las pandillas por la violencia estatal no conducirá a una seguridad duradera.
- Impacto en las familias: Las críticas también se dirigieron al sufrimiento de las familias de los detenidos, quienes, según los senadores, «se ven privadas de comunicación con sus seres queridos», mientras que muchos detenidos han muerto bajo custodia o han sufrido torturas.
Prórroga del régimen de excepción:
- La medida, que comenzó en marzo de 2022, ha permitido la captura de 83,100 personas acusadas de ser miembros de pandillas, pero también ha generado más de 6,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y muertes en los centros penales.