El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones a 16 funcionarios venezolanos, incluidos miembros del gobierno, militares, de inteligencia, de la Corte Suprema y de la autoridad electoral. Estas sanciones se deben a su implicación en la obstrucción del «proceso electoral» y violaciones de derechos civiles en Venezuela.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, explicó en un comunicado que las sanciones se dirigen a «funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de (el presidente Nicolás) Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio».
Entre los sancionados figuran varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo a Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez y Fanny Beatriz Márquez Cordero.
El gobierno del presidente Joe Biden ha denunciado que desde las elecciones del 28 de julio, el régimen de Maduro ha arrestado indiscriminadamente a ciudadanos por ejercer sus derechos políticos y civiles, y ha utilizado tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Según el comunicado, estos actos, incluyendo la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, forzaron a Urrutia a buscar asilo en España.
González Urrutia, quien actuó como representante de la líder opositora María Corina Machado tras su inhabilitación política, se vio obligado a abandonar Venezuela. Machado permanece en el país y sostiene que la oposición ha ganado las elecciones por un amplio margen.
La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años desató protestas que resultaron en 27 muertes, aproximadamente 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a quienes Maduro ha calificado de «terroristas».
Estados Unidos ya había impuesto sanciones previas a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico. En abril, la administración Biden reimpuso sanciones al sector petrolero y de gas venezolano, tras haberlas suspendido temporalmente para incentivar a Maduro a avanzar en las negociaciones electorales. Sin embargo, se otorgan licencias individuales para operar en Venezuela a compañías petroleras como Chevron y Repsol.