La reciente cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos por parte de la presidenta hondureña Xiomara Castro ha desencadenado una profunda crisis política en Honduras, marcada por la dimisión de altos funcionarios y acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
Cuatro días después de la controversial decisión de Castro de poner fin al tratado de extradición, que estuvo en vigor desde 1912 y fue aplicado desde 2014, el gobierno hondureño se encuentra envuelto en un escándalo que involucra a familiares y funcionarios cercanos a la presidenta.
El sábado, Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel Zelaya, renunció a su cargo como secretario del Congreso Nacional de Honduras. Zelaya enfrenta una investigación por sus supuestos nexos con narcotraficantes, incluidos sobornos recibidos de la banda Los Cachiros. Esta banda fue vinculada en febrero por el capo Devis Leonel Rivera Maradiaga durante el juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.
Poco después, su hijo, José Manuel Zelaya, también renunció a su cargo como ministro de Defensa. La decisión de cancelar el tratado ha generado especulaciones sobre posibles conexiones entre el gobierno de Castro y redes de narcotráfico, especialmente tras el rechazo de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, a la reunión entre el ministro Zelaya y un funcionario venezolano sancionado por Washington.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, quien asumió el cargo en noviembre pasado, ha indicado que se investigarán a fondo las menciones en el juicio contra Hernández. “No descansaremos hasta que la verdad prevalezca en Honduras y se le dé justicia al pueblo hondureño,” afirmó el fiscal, añadiendo que se convocará a 36 personas, incluyendo a Carlos Zelaya, para declarar sobre estos vínculos.
Carlos Zelaya ha admitido haber tenido encuentros con narcotraficantes, pero sostiene que fue víctima de una trampa en una reunión en la que solo se ofreció dinero para la campaña de su cuñado, Manuel Zelaya, en 2013.
En respuesta a la crisis, Xiomara Castro ha nombrado a Rixi Moncada, precandidata presidencial y aliada cercana al partido Libre y a la familia Zelaya-Castro, como nueva ministra de Defensa. Moncada, quien también es precandidata a la presidencia por el partido Libre, se enfrenta ahora a un escenario complejo y cargado de presión política.
La cancelación del tratado de extradición ha sido defendida por Castro como una medida para evitar que Estados Unidos lo utilice contra sus aliados militares y para contrarrestar lo que ella considera como injerencia de la embajadora estadounidense en asuntos internos hondureños. Castro ha denunciado la «injerencia» de Dogu y ha señalado que la cancelación busca proteger a sus colaboradores de posibles intentos de golpe de Estado.
El analista Roberto Herrera y el sociólogo Pablo Carías han advertido que la suspensión del tratado podría sugerir la existencia de vínculos gubernamentales con el narcotráfico, lo que agrava aún más la crisis política y cuestiona la integridad del gobierno hondureño.