La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer en su más reciente informe, del periodo 01 de junio del 2023 al 31 de mayo del 2024, en el cuál reportó 366 casos de delitos de privatización de libertad. Esta cifra representa una disminución en registró al periodo del 2022-2023, cuando hubo 466 casos.
En el informe no se detalla el estado de las víctimas, si fueron encontradas y entradas a sus familiares con vida o cuales son los casos que aún permanecen como activos de desapariciones de personas, también no se habla si se hay capturas o casos judiciales iniciados.
Según los últimos datos compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), hasta junio del 2022 se tenían 2,397 casos de personas desaparecidas.
Una investigación echa por la Fundación de estudios para la Ampliación de Derecho (Fespad) habla que, en el periodo de enero de 2019 a junio de 2022, las autoridades registraban 6,443 denuncias de personas desaparecidas. De esas personas 2,996 fueron encontradas con vida y otras 268 solo se encontraron sus restos y entregados a sus familias.
Las organizaciones de Derechos Humanos y de personas desaparecidas, lamentan que la FRG no haya registrado estos casos como desapariciones forzadas, como está establecido en el código penal de El Salvador en su artículo 148-A. La desaparición forzada es cuando el hechor es un agente del Estado o funcionario público, según lo especifica el artículo 364 también del Código Penal.
Ante está situación las organizaciones de personas desaparecidas piden al ministerio público, que expliquen si los casos reportados como desaparecidos, ya incluyen las desapariciones o han sido omitidos. Además, consideran que es importante informar sobre el dato general de las desapariciones y cuales casos siguen activos, pues la cifra de 366 casos es muy por debajo muy pequeña de las cuales ellos reportan cada año.