La junta directiva de la Asamblea Legislativa ha informado a la diputada Claudia Ortiz que debe reintegrar el excedente utilizado para el pago de su personal al inicio de la legislatura. La legisladora del partido Vamos, sin embargo, considera que la responsabilidad de este reintegro recae en la junta directiva y su presidente, no en ella.
La secretaria directiva Elisa Rosales, del partido Nuevas Ideas, comunicó a la diputada Ortiz que en los meses de agosto y septiembre podrá destinar $3,975 mensuales para su planilla, mientras que a partir de octubre de 2024, se dispondrá de un presupuesto mensual de $11,000 por diputado. Esta decisión sigue a una comunicación entre el presidente Nayib Bukele y el presidente legislativo Ernesto Castro, que llevó a la directiva a asignar el nuevo techo presupuestario.
El excedente que debe ser reintegrado, según la notificación recibida por Vamos el 30 de julio, asciende a $14,050. Este monto corresponde a un exceso en la planilla de $5,845.16 en mayo, $6,800 en junio y $1,404.84 en julio. La directiva ha decidido descontar $7,025 mensuales en agosto y septiembre a Vamos, argumentando que estos fondos «no estaban autorizados» y que su uso fue «ilegal».
En respuesta a esta notificación, la diputada Ortiz envió una misiva el 31 de julio en la que cuestiona la decisión. Ortiz argumenta que si el personal de confianza del grupo parlamentario Vamos recibió pagos de salarios, debieron existir contratos de prestación de servicios personales aprobados por la presidencia de la Asamblea, así como acuerdos de junta directiva y asignación presupuestaria.
Según Ortiz, el presupuesto asignado fue comunicado de forma verbal y a través de la Gerencia de Operaciones Legislativas, lo que, a su juicio, constituye un incumplimiento por parte de la junta directiva. Por lo tanto, la diputada rechaza el descuento al presupuesto de Vamos, argumentando que la junta directiva debió advertir las «supuestas incongruencias» en la asignación presupuestaria, acuerdos de nombramiento y contratación.
El conflicto subraya la necesidad de una mayor claridad y comunicación en los procedimientos administrativos de la Asamblea Legislativa, así como una revisión de las responsabilidades en la gestión presupuestaria.