La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos ha dictado una resolución que permite la permanencia de las boyas instaladas en el Río Grande por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Esta decisión se produce después de que un tribunal inferior hubiera ordenado la retirada de la barrera flotante.
El fallo, aunque provisional, representa una importante victoria para el Estado de Texas en una de las disputas legales más significativas entre el Gobierno de Joe Biden y el estado texano. La disputa comenzó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que Abbott había instalado las boyas sin los permisos necesarios y que la barrera planteaba serias preocupaciones humanitarias y ambientales.
El juez Don Willett, en su decisión, argumentó que el Departamento de Justicia no presentó evidencia suficiente para demostrar que la barrera representara una amenaza a la seguridad. La demanda será revisada próximamente por un tribunal de distrito, que evaluará los méritos completos de las reclamaciones del gobierno federal, según reporta el medio independiente The Texas Tribune.
El gobernador Greg Abbott celebró la decisión a través de sus redes sociales, afirmando: «El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de dictaminar que Texas puede mantener estas boyas en el agua que protegen nuestra frontera. Biden intentó eliminarlos. Luché para mantenerlos en el agua. Allí es exactamente donde se quedarán. Justicia.»
Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, también expresó su satisfacción con el fallo: «El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ha fallado a favor de Texas, al determinar que el tribunal de distrito federal abusó de su discreción cuando ordenó a Texas retirar las boyas que flotan en el Río Grande y que impiden que los extranjeros intenten cruzar un río peligroso para ingresar a Estados Unidos ilegalmente. Las boyas pueden permanecer en el río. ¡Seguiré defendiendo el derecho de Texas a proteger su frontera de la inmigración ilegal!»
Este fallo subraya el conflicto en curso entre el gobierno federal y el estado de Texas respecto a las medidas de control fronterizo y las políticas de inmigración.