El jueves, en Central Islip, Nueva York, se presentó una acusación contra 14 de los líderes de mayor rango de la MS-13 en el mundo, conocidos como la Ranfla Nacional, la cual funcionaba como la Junta Directiva de la Organización y dirigió la violencia y la actividad delictiva durante casi dos décadas. Once de los pandilleros se encuentran en nuestro país.
Según el acta presentada, se les acusa de conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo en relación con la dirección de los acusados de la organización delictiva transnacional durante las últimas dos décadas en El Salvador, Estados Unidos, México y otros lugares.
Algunos de los acusados son: Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood”, ampliamente reconocido como el miembro más poderoso de la Ranfla Nacional; tres de los acusados, Fredy Iván Jandres-Parada, alias “Lucky de Park View” y “Lacky de Park View”; César Humberto López-Larios, alias “El Greñas de Stoners” y “Oso de Stoners” y Hugo Armando Quinteros-Mineros, alias “Flaco de Francis”, siguen en libertad y son considerados como «armados y peligrosos».
Las autoridades de Estados Unidos exhortaron a los ciudadanos que tengan información sobre su paradero que se pongan en contacto con la línea telefónica gratuita de información MS-13 del Buró Federal de Investigaciones (FBI): 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713); con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos: (866) 347-2423; o en https://www.ice.gov/webform/ice-tip-form.
El FBI y HSI han ofrecido $20.000 en recompensa por información que lleve al arresto y condena de cada uno de los tres fugitivos.
«Henríquez y otros 10 acusados están en custodia en El Salvador. Estados Unidos, en conjunto con el Gobierno de El Salvador, estudiarán las opciones para su extradición a los Estados Unidos», indicaron las autoridades.
El fiscal general en funciones de EE.UU. Jeffrey A Rosen dijo: “La acusación anunciada es la más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EE.UU. contra la MS-13 y su estructura de mando y control. Cuando el fiscal general Barr anunció la creación de la JTFV en agosto de 2019, previó un enfoque transversal que combinaría herramientas procesales ya probadas con estrategias innovadoras diseñadas específicamente para eliminar la capacidad de los líderes de la MS-13 de operar la banda y dirigir su actividad terrorista. Esta acusación refleja un importante paso hacia el logro de ese objetivo».
“La MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando a los barrios de Long Island y a todo el Distrito Este de Nueva York inundados de sangre”, dijo el fiscal en funciones del Distrito Este de Nueva York (EDNY), Seth D. DuCharme. “Incluso desde la cárcel, la Ranfla Nacional continuó dirigiendo las operaciones globales de la MS-13, reclutando nuevos miembros en la MS-13, incluyendo niños, y orquestando asesinatos y caos en todo el mundo. La innovadora acusación de hoy busca demoler la MS-13 apuntando a su estructura de mando y control y haciendo responsable a la Junta Directiva de la MS-13 por sus acciones terroristas”, añadió.
Como se alega en la acusación, la Ranfla Nacional comprende el más alto nivel de liderazgo del MS-13. Aproximadamente en 2002, los acusados y otros dirigentes del MS-13 comenzaron a establecer una estructura de mando y control altamente organizada y jerárquica como medio para llevar a cabo sus decisiones y hacer cumplir sus órdenes, incluso mientras estaban en prisión. Dirigieron actos de violencia y asesinato en El Salvador, Estados Unidos y otros lugares; establecieron campamentos de entrenamiento de tipo militar para sus miembros. y obtuvieron armas militares como rifles, pistolas, granadas, artefactos explosivos improvisados (IED) y lanzacohetes.
Como líderes de la MS-13, los acusados controlaban franjas de territorio y participaban en actividades de relaciones públicas en nombre de la organización delictiva transnacional. Además, los acusados utilizaban la gran cantidad de miembros de la MS-13 en los Estados Unidos para participar en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión para recaudar fondos en apoyo de las actividades terroristas de la MS-13 en El Salvador y en otros lugares, y dirigían a sus miembros en los Estados Unidos a cometer actos de violencia, incluidos asesinatos, para promover sus objetivos.
En el acta de acusación también se señala que la Ranfla Nacional ha ejercido su poder sobre el Gobierno de El Salvador cometiendo actos de violencia e intimidación contra funcionarios del gobierno, los organismos de represión y la población de El Salvador en general. Al hacerlo, dieron “luz verde”, o el asesinato, de un agente especial del FBI destacado en El Salvador que investigaba la MS-13 y sus miembros.
«Por ejemplo, desde aproximadamente 2012 hasta aproximadamente 2015, la Ranfla Nacional entró en una tregua con el entonces Gobierno de El Salvador. Como parte de ese acuerdo, la Ranfla ordenó a la MS-13 que redujera los homicidios en El Salvador a cambio de mejores condiciones carcelarias, prestaciones y pagos en efectivo. En 2015, cuando este acuerdo se derrumbó, la Ranfla Nacional culpó a los Estados Unidos, creyendo que el gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno de El Salvador para que pusiera fin a la tregua como condición para recibir fondos de cooperación. A partir de entonces, a principios de 2016, comenzó a planificar una importante campaña de violencia coordinada en El Salvador en represalia por las medidas más severas impuestas a sus miembros. Como se alega en la acusación, los acusados ordenaron a todas las clicas de El Salvador que crearan una unidad especializada de miembros de la MS-13 para atacar a los agentes de policía, los militares y los funcionarios gubernamentales de El Salvador. Estos miembros se sometieron a entrenamiento militar en los campamentos de entrenamiento militar de la MS-13 en El Salvador. Los acusados también ordenaron a todas las clicas, incluidas las de los Estados Unidos y el EDNY, que proporcionarán los beneficios de sus actividades delictivas relacionadas con la MS-13 para que se utilizaran en la compra de armas para los ataques previstos contra la policía en El Salvador. En total, los acusados recaudaron más de $600.000 para este fondo que se utilizó para comprar armas, incluyendo ametralladoras M-16 y M-60, granadas, IED y lanzacohetes. Además, los acusados ordenaron un aumento de la violencia, incluyendo asesinatos, en el EDNY y en otras partes de los Estados Unidos, que vieron un dramático aumento de la violencia con las MS-13 en 2016 y 2017», detallaron.
Cabe destacar que uno de los más importantes acusados, Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablo de Hollywood”, ha seguido saliendo involucrado en negociaciones con el actual Ejecutivo de Nayib Bukele. En septiembre de 2020, el periódico digital El Faro publicó que dicho pandillero era visitado por funcionarios del Gobierno central para sostener negociaciones y pactar una reducción de homicidios.
Asimismo, EE.UU. acusa a César López Larios, alias “Greñas de Stoner”, otro pandillero que recientemente se involucró en controversiales salidas del penal done guarda prisión. Este 12 de enero de 2021, El Faro nuevamente publicó otra investigación donde se revela que en los libros de novedades del penal de Zacatecoluca hay salidas irregulares de Larios por órdenes del director de Centros Penales, Osiris Luna.
En el comunicado emitido por EE.UU., finalmente, el fiscal Jeffrey A. Rosen expresó su apoyo y agradecimiento al fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, por la asistencia de su oficina, así como a los investigadores de la Policía Nacional Civil «por su inestimable cooperación».
«Los cargos anunciados son acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una sentencia máxima de cadena perpetua», concluyeron.