La Sala de lo Constitucional informó este jueves que ha admitido una demanda de amparo a favor del exdiputado y miembro del FMLN, Sigfrido Reyes, y ordenó suspender temporalmente la tramitación del proceso de juicio civil por enriquecimiento ilícito.
«Suspéndense provisionalmente los efectos de la actuación impugnada, en consecuencia y en congruencia con ello, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro deberá abstenerse de continuar con la tramitación del proceso por enriquecimiento ilícito iniciado contra el señor Reyes Morales. Lo anterior mientras se mantengan las circunstancias que han motivado la adopción de esta medida cautelar y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo», reza la resolución.
Cabe destacar que de este proceso de amparo se apartó a los magistrados propietarios, porque ellos votaron a favor del proceso de enriquecimiento ilícito en 2019; la demanda fue aceptada por los magistrados suplentes José Reyes Sánchez, Jorge Quinteros Hernández, José Lovo Castellar y Sonia Cortez de Madriz.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al expresidente de la Asamblea Legislativa y su familia de enriquecerse ilícitamente con $472 mil. Según las pruebas presentadas, entre 2006 y 2015, el patrimonio del exdiputado del partido FMLN ascendió en $459,714.04 de manera ilícita; el de su esposa, Susi Rodríguez Hernández, creció $12,000; y el de Luis Reyes Rodríguez, hijo de la pareja, en $750.
El amparo fue interpuesto por el abogado de Sigfrido Reyes en contra de la Corte Suprema de Justicia, por haber declarado, el 30 de julio de 2019, la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito mientras era diputado de la Asamblea Legislativa en los periodos del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2009, 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012 y 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, así como por ordenar que se iniciara el juicio y la anotación preventiva de ciertos inmuebles.
Según el demandante, la Corte «actuó en exceso de las facultades del artículo 240 de la Constitución», ya que en un inicio se detectaron 47 irregularidades, las que luego se redujeron a 40 pese a que el exdiputado supuestamente «justificó con abundante información las inconsistencias».
«Para sostener las diferentes irregularidades, la Sección de Probidad se apartó de la Constitución y de sus propios precedentes», señaló el abogado, agregando que su cliente comprobó que los fondos sobrantes eran «viáticos, salarios, depósitos y otros debidamente acreditados».
«Es un hecho público y notorio que el informe complementario o adenda de informe sobre declaraciones patrimoniales, elaborado por la Sección de Probidad, no contenía indicios de enriquecimiento ilícito; sin embargo, los magistrados cambiaron arbitrariamente de opinión y votaron en su momento por 2 proyectos de resolución», señaló.
En consecuencia, estima vulnerados los derechos de «audiencia, defensa, presunción de inocencia, igualdad, a una resolución motivada y congruente, seguridad jurídica y propiedad».
En este sentido, los magistrados suplentes señalaron: «La admisión, se debe a que, a juicio del abogado del interesado, la CSJ resolvió declarar la existencia de enriquecimiento ilícito respecto del señor Reyes Morales sin haber expuesto los motivos por los que valoró la situación financiera de este de forma distinta a los precedentes de los casos citados en la demanda y sin haber fundamentado el cambio de criterio, con lo que se habrían vulnerado los derechos de propiedad, a una resolución de fondo, motivada y congruente y a la igualdad».
La audiencia probatoria contra este exfuncionario estaba programada para el 4 y 5 de febrero del presente año, a las 10:00 de la mañana.