Este 5 de enero, la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro dio a conocer el fallo de la audiencia probatoria contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y su esposa Ana Ligia de Saca, por enriquecimiento ilícito, informando que fueron encontrados culpables.
La Cámara condenó al expresidente a restituir al Estado la cantidad de $3,892,698.71, mientras que Ana Ligia de Saca deberá devolver $589,608.83. En total la expareja debe devolver al estado $4,482,307.54.
Además, la instancia judicial inhabilitó a Elías Antonio Saca para el ejercicio de cualquier cargo público por 10 años, a partir de quedar en firme la sentencia.
Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) pedía que se reintegraran más de $5 millones. En este sentido, el fiscal del caso dejó entrever que presentarán un recurso para que se modifique la cifra.
«Realmente es una suma que no es que nosotros pretendíamos, pediremos la resolución para analizarla y ver si hay posibilidades de una revisión. La pericia y como nosotros lo establecimos era de $5 millones, pero los magistrados hicieron sus análisis de acuerdo a argumentos propios”, dijo.
Por su parte, la defensa de los exfuncionarios informaron que apelarán la decisión e interpondrán una casación contra la instancia judicial. “Esto apenas empieza y hay por lo menos cinco motivos para impugnar esta decisión”, manifestó el abogado Miguel Flores Durel; Fausto Gutiérrez, abogado de Saca, agregó que no había elementos de enriquecimiento ilícito e incluso habría «doble juzgamiento».
De acuerdo al expediente, la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó siete irregularidades a través de depósitos realizados en las empresas de comunicación de Saca, conocido como grupo radial Samix, ahora administrado por el Consejo Nacional de Bienes (CONAB) por tener un proceso de extinción de dominio. Al principio, la FGR acusó también a los tres hijos del exmandatario, pero la Cámara consideró improcedente esas acusaciones porque ellos no habían sido funcionarios, por ende no eran sujetos del control de la legislación, bajo la cual se juzgó al exmandatario y a la exprimera dama.
Actualmente, Saca se encuentra en prisión luego que en 2018 fuera condenada a 10 años de cárcel, tras confesar haber desviado $301 millones de fondos públicos.