Este 4 de enero, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que el Presupuesto General de la Nación 2021, aprobado el pasado 24 de diciembre por la Asamblea Legislativa, ya está en «vigencia» y que serán vetados los decretos 800 y 803 de dicho plan de gastos, referentes a los decretos complementarios para financiar a las alcaldías y el aumento de la pensión mínima.
El decreto 800 es el crédito de $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que los diputados ratificaron para proyectos de desarrollo municipal; mientras que el 803 es el préstamo de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales $125,000,000 eran para el desarrollo de proyectos asignados a gobiernos municipales (de acuerdo al decreto 608 del 26 de marzo) y los otros $125,000,000 para aporte estatal complementario a la Cuenta de Garantía Solidaria por aumento de pensión mínima.
«El 24 de diciembre la Asamblea emitió una serie de decretos relacionados al Presupuesto 2021 en el que recortaron $264 millones de inversión pública que eran para obras públicas y se lo dieron a sus alcaldes… El Gobierno es el que le da mantenimiento y suministros al Hospital El Salvador y el encargado de todos los esfuerzos relacionados a combatir la pandemia, ¿por qué los diputados le quieren dar fondos a los alcaldes si ellos no están manejando la pandemia?”, cuestionó Zelaya este lunes. Cabe destacar que en el presupuesto 2021 no se hicieron recortes a la partida de Salud.
Pese a que se vetarán estos dos decretos, el ministro de Hacienda dijo que en mayo cuando se tenga a la “nueva Asamblea”, “readecuarán” las enmiendas aprobadas para “intereses de los diputados (actuales)».
«El incremento de la pensión mínima está asegurado. Con la nueva Asamblea que entre en mayo verificaremos el financiamiento para poder darle una solución integral que sea sostenible», aseguró.
Alejandro Zelaya dedicó buena parte de la conferencia a criticar principalmente las asignaciones hechas a las alcaldías. “El FODES está incluido en el presupuesto y a mí me parece sumamente sospechoso que a 1 mes de las elecciones estén presionando tanto por esos fondos, tuvieron 2 años para hacer todo y ¿por qué a último momento lo quieren hacer?”, criticó.
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2021 presentado por el Ejecutivo no incluía los fondos para el FODES, el cual ya lleva 8 meses de impago. De hecho, esa fue una de las observaciones que los diputados reiteraron en su momento, pues no estaba está incluido el 10% que por Ley corresponde al FODES.
El pasado 24 de diciembre, con 58 votos a favor y 3 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General de la Nación 2021, por un total de $7,453.5 millones, en conjunto con seis préstamos, los cuales en su mayoría estaban pendientes de autorizar o ratificar y sirvieron para financiar la brecha presupuestaria. La aprobación se dio en un madrugón y en medio de polémica con el Ejecutivo, puesto que Hacienda reclamó que se hicieran cambios al proyecto que ellos presentaron.
¿A qué rubros se le recortó? En total, fueron $450. 12 millones los que se modificaron, recortando así a las siguientes instituciones:
$47.1 millones a la Presidencia; $27 millones al Ministerio de Hacienda; $27.6 millones al ramo de Defensa; $15 millones al ramo de Relaciones Exteriores; $8.9 millones al ramo de Justicia y Seguridad Pública; $3 millones a Economía; $1 millón a Gobernación; $1 millón al Instituto Nacional de los Deportes (Indes); $22 millones en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), específicamente en el ramo de indemnizaciones; $7.2 millones en gastos de publicidad de distintas entidades del Ejecutivo; $264 millones en inversión pública, exceptuando las áreas de Salud, Educación, Fodes y UES; y $25.6 millones en el rubro de consultorías de distintas instituciones.
Por otra parte, se le aumentó a otras áreas: $16.6 millones a diferentes asociaciones; $51 millones de aumento al Órgano Judicial, $100 millones para el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes) de los 262 municipios del país, en cumplimiento de la ley del Fodes; $20 millones para la Universidad de El Salvador (UES); $5 millones al Tribunal Supremo Electoral para medidas de bioseguridad en las elecciones de 2021; $5 millones a la Procuraduría General; $5 millones a la Corte de Cuentas de la República; $7 millones a la Fiscalía General de la República; $0.5 millones al Tribunal de Ética Gubernamental; $5 millones a la PDDH; $10 millones al FISDL y $60 millones al Ministerio de Gobernación para transferir al Instituto de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares y Excombatientes.
Al cierre de esta nota, pese a que el ministro de Hacienda había anunciado que ya estaba en vigencia el Presupuesto 2021, este no estaba publicado en el Diario Oficial.
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