La Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), con el acompañamiento de los diputados del FMLN, presentaron una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que se prohíba la contratación de familiares de altos funcionarios del Ejecutivo en cargos “Ad Honorem”.
“Como PROES hemos realizado una investigación sobre el nombramiento de diferentes funcionarios y hemos podido constatar que existen vínculos familiares entre varios funcionarios de alto nivel en el Órgano Ejecutivo, lo cual podría incidir de forma negativa en la institucionalidad democrática del país”, señaló la Asociación.
En este sentido, señalaron los vacíos legales que hay actualmente en las leyes, los cuales podrían ser utilizados por los gobernantes para favorecer a sus familiares.
Asimismo, informaron que han recopilado las denuncias del “uso fraudulento de los nombramientos Ad Honorem” y de la contratación de servicios profesionales de asesoría, “que han sido utilizados para que funcionarios tengan salarios superiores a los que deben tener asignados según su cargo”.
Es así que PROES pidió reformas a las Disposiciones Generales de Presupuestos, para evitar que los fondos públicos sean utilizados en beneficio de familiares de los funcionarios de alto nivel.
Actualmente, la Ley de Ética Gubernamental y la Constitución de la República habla sobre las prohibiciones en estos casos, pero precisamente existen vacíos legales en estas y otras leyes. De hecho, el pasado 17 de enero, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, afirmó que el único funcionario público que puede contratar familiares en el Estado es el presidente, ya que «las disposiciones generales del Presupuesto» lo dicen.
Actualmente, el presidente Nayib Bukele tiene en su gobierno trabajando a más de un familiar, tal es el caso del titular del INDES, Yamil Bukele. En gobiernos pasados también ocurrieron situaciones similares, como el expresidente Mauricio Funes que contrató a su hermano en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La diputada Anabel Belloso del FMLN tomó como ejemplo la actual gestión del gobierno central que ha dicho que nombra a personas en esa modalidad pero luego ellos mismo han revelado que devengan sueldo. “Existe el uso desmedido de aquellas plazas llamadas Ad Honorem cuando hemos visto que en la actual gestión hay funcionarios que se dicen estar nombrados así, pero por declaraciones de ellos mismos se ha conocido que reciben salario por otras plazas”, criticó.
«Creemos que es importante que se haga la discusión y que sea aplicada para evitar ese tipo de ofensas públicas que hemos visto de funcionarios que dicen que son ad honorem y ganan hasta tres plazas como asistentes y asesores de sí mismos”, agregó la presidenta de PROES, Roxana Rodriguez.