En medio de críticas, la Asamblea Legislativa aprobó ayer en la noche la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, misma que tiene por objeto regular la aplicación de la justicia en actos delictivos ocurridos durante o con motivo del conflicto interno que vivió el país entre 1980 y 1992, que configuraron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Uno de los artículos polémicos es el 66, el cual dicta que el juez «podrá reducir a la cuarta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas y si la persona procesada cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: Si reconoce expresamente su grado de participación sobre los hechos; pide perdón a las víctimas; si colabora con el esclarecimiento de los hechos; si ayuda a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos, y a ubicar pruebas de los hechos».

Sistema nacional para la verdad, justicia y reparación

El proyecto de ley en mención consta de 75 artículos y contempla la creación de un Consejo Nacional de Reparación (CONREPARA), el cual deberá, entre otras funciones, ejecutar -por sí mismo o a través de las instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras que considere convenientes- las medidas y programas de reparación integral establecidas en la normativa.

Además, el proyecto consigna un programa nacional de reparaciones -bajo la confección del CONREPARA- a favor de las víctimas, en el marco de esta ley. Con base en el daño causado a las víctimas, se priorizará e implementarán procesos de reparación colectiva en favor de las poblaciones y comunidades afectadas por las graves violaciones a sus derechos. Las víctimas tendrán derecho a escoger libremente entre recibir una cuota indemnizatoria mensual o un monto indemnizatorio por única vez.

Por otra parte, se instaura un registro nacional que acreditará el carácter de víctimas y actualización periódica de la información de personas beneficiarias de la ley, para tal efecto se organizará en áreas de atención a personas usuarias, comité evaluador, administración del padrón de víctimas y soporte informático. Según la normativa, el Estado salvadoreño deberá garantizar la continuidad y autonomía del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Memoria histórica y garantía de no repetición

También, en el nuevo cuerpo jurídico se contempla la creación de un centro de documentación de la memoria histórica, unidad que tendrá acceso a los archivos oficiales elaborados, generados o resguardados por cualquier institución pública, militar y policial relativos al conflicto armado; asimismo, tendrá a su cargo la creación y administración del Museo Nacional de la Memoria Histórica del Conflicto Armado Salvadoreño, con sede en San Salvador, así como la creación de este tipo de espacios en todo el territorio nacional.

Se consigna en la ley que el Ministerio de Educación deberá integrar el estudio de la memoria histórica en la currícula educativa nacional del nivel básico y medio, además de promoverla en la educación superior. Las instituciones educativas de FAES y ANSP también la incorporarán.

Por otra parte, se crea un Fondo de Reparaciones Integrales que tendrá como objetivo principal administrar los recursos humanos, económicos y financieros para la gestión de todas las medidas de reparación de las víctimas del conflicto armado; el patrimonio del fondo estará constituido por un aporte fundacional inmediato de $10 millones, para el ejercicio fiscal 2021, entre otros.

Medidas de reparación económica y psicológica

Los sujetos catalogados como víctimas y sus familiares tendrán acceso a programas gratuitos y profesionales de atención psicosocial. Además, las personas beneficiarias de la ley gozarán de las condiciones más favorables para acceder a viviendas y tierra. Por otra parte, se garantiza el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, y podrán constituirse como querellantes. La Fiscalía General de la República les deberá asegurar las medidas de protección tanto a ellas como a sus testigos.

El titular de la institución legislativa aseguró en que el documento socializado se apega a los parámetros de la Sala de lo Constitucional, y que tiene a la base los insumos de las víctimas, sus familiares, organizaciones afines y universidades, durante los siete foros que impulsó la comisión con ese fin, los cuales iniciaron el pasado 28 de enero y finalizaron a inicios de febrero.

En su momento, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce indicó que para la confección de la ley se tomaron en cuenta los aportes obtenidos el año anterior, cuando la Subcomisión Política para el Análisis del Informe Presentado por la Comisión Ad Hoc para Estudiar el Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional realizó cuatro foros a nivel nacional, teniendo como sede cinco departamentos: Santa Ana, Chalatenango, San Vicente, Morazán y San Miguel.

De igual manera, se retomaron los planteamientos que la Comisión Ad hoc para estudiar las implicaciones de la sentencia de la Ley de Amnistía obtuvo en el 2018, al impulsar un foro consultivo para la construcción de un cuerpo normativo relativo a la reconciliación nacional, luego de haber sostenido diversos encuentros con firmantes de los Acuerdos de Paz y abogados constitucionalistas.

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