Tras superar un veto presidencial y ratificar una reforma al Código Electoral -artículos 185, 186 y 197, emitidas el seis de noviembre de este año- el Pleno Legislativo hizo posible que las próximas elecciones se realicen por medio de la modalidad de voto por rostro para que ciudadanos elijan a sus alcaldes al marcar la fotografía del candidato y no solo por bandera como anteriormente se hacía.
Actualmente, la elección por rostro a través de la fotografía solo se aplica en comicios electorales para elegir diputaciones propietarias de la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Otro de los logros alcanzados en el último trimestre del año, es el aumento de 600 a 700 electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV) -la enmienda se dirigió al artículo 188 y se homologarán los artículos 35 y 37 del Código Electoral-, y la exigencia de que al inscribir una candidatura se presente la fotografía requerida para utilizarla para la elaboración de las papeletas de votación -artículo 186 literal g-.
Los diputados consideraron que las modificaciones son oportunas porque se reducirán cerca de mil quinientas JRV y se aumentarán los electores por cada junta, lo que significará un ahorro al Estado sin mermar el acercamiento de urnas.
Lo que quedó pendiente
Por otra parte, los parlamentarios mantienen en análisis la posibilidad de emitir un nuevo dictamen que permita garantizar la depuración del padrón electoral; la reforma al Código Electoral, en sus artículos 28, 29, 30 y 253, fue emitida a finales de octubre -la misma fue vetada por inconstitucional por el presidente de la República- en la misma se estableció la obligatoriedad que los funcionarios correspondientes tienen para asentar las partidas de defunción y enviarlas en los 15 días siguientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tras la notificación, los parlamentarios convocaron a la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), así como del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) para conocer sus opiniones respecto al veto; en ese sentido, el 10 de diciembre, la mesa legislativa es de la idea que con los aportes que brindaron los representantes de las instituciones citadas se puede determinar que no existe ningún impedimento constitucional en el decreto aprobado