Este día la Defensoría del Consumidor activo operativos de inspección a nivel nacional para verificar que proveedores no realicen cobros indebidos amparados en la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, CESC, cuya vigencia finalizo el 5 de noviembre del año pasado.
Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría se desplazo con equipos de infecciones en el area metropolitana de San Salvador, siendo el inicio de un operativo a escala nacional para la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras.
Salazar, ha advertido que las tiendas y proveedores, sean estos, grandes, medianos, pequeños o micro, formales e informales, tienen prohibido realizar prácticas abusivas como los cobros indebidos, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, cuya infracción puede ser sancionada con multa hasta de quinientos salarios mínimos en la industria.
Durante el operativo realizado en el centro de Santa Tecla, los equipos de inspección han requerido a las tiendas mayoristas, las tarifas de telefonía ofertadas a la ciudadanía y la facturación de las ventas realizadas, con el fin de garantizar que están cobrando de conformidad a las tarifas vigentes autorizadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), las cuales deben estar libres del CESC.
Asimismo, se ha constatado que las recargas de datos y minutos corresponda al monto pagado por los consumidores.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, ha sido enfático al declarar que la entidad no tolerará que se vulneren los derechos de las personas consumidoras al realizar recargas de saldo o adquirir bienes o servicios que hasta noviembre de 2020 eran cargados con dicha contribución, e hizo un llamado a los proveedores a corregir esta práctica indebida en apego a la Ley de Protección al Consumidor.