La cura podría ser peor que la enfermedad: sin colaboración policial, miles de agentes de ICE irían a las calles a arrestar de forma indiscriminada en NY.
Lo que nació como un intento legislativo por proteger a la comunidad inmigrante prohibiendo la colaboración entre las fuerzas policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Nueva York podría terminar desatando el escenario más temido.
La eliminación de acuerdos como el 287(g) no significará un freno a las deportaciones; por el contrario, amenaza con volcar a miles de agentes federales directamente a los vecindarios, áreas comerciales y residencias, agravando la zozobra de una comunidad latina golpeada por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.
Redadas en las calles: La advertencia que enciende las alarmas
El análisis sobre el verdadero impacto de esta prohibición cobró fuerza tras las recientes declaraciones del «Zar de la Frontera», Tom Homan, y la valoración realizada por Herberth Flores, director de Asuntos Hispanos del condado de Nassau.
Flores advirtió ante diversos medios de comunicación que romper la cooperación entre las cárceles locales e ICE no detendrá la persecución, sino que cambiará la estrategia federal hacia un método mucho más agresivo e invasivo que afectará a familias trabajadoras que nada tienen que ver con actividades delictivas.
«La comunidad es la que va a sufrir, porque ahora en vez de ir detrás de aquella persona identificada que ha violado la ley, van a mandar a más agentes a las calles, y eso es mucho peor para la comunidad», aseguró Herberth Flores.
Hasta ahora, en condados como Nassau bajo la administración del ejecutivo Bruce Blakeman, la coordinación se limitaba al ámbito carcelario: si un individuo indocumentado era arrestado por delitos graves o vinculación con pandillas, la policía notificaba a ICE para que fuera entregado tras cumplir su arresto.
Con la prohibición de esta colaboración, sujetos procesados por faltas graves podrían terminar nuevamente en la vía pública en un lapso de 48 horas, mientras ICE envía contingentes masivos a buscarlos casa por casa, arrestando «colateralmente» a cualquier persona indocumentada que se cruce en su camino.
Un clima de incertidumbre bajo la presión de la era Trump
La posibilidad de un despliegue masivo de agentes en las calles llega en el peor momento para los casi 800,000 a 1 millón de inmigrantes indocumentados que residen en el estado de Nueva York.
La comunidad hispana ya vive en constante zozobra ante el clima político nacional y las agresivas directivas de arrestos masivos promovidas desde la Casa Blanca por la administración Trump.
Polarización entre autoridades estatales y locales
Mientras la gobernadora Kathy Hochul defiende la ley argumentando que la policía local debe enfocarse exclusivamente en combatir la delincuencia de su jurisdicción y no realizar labores de inmigración, líderes locales como Bruce Blakeman califican la medida como una amenaza directa a la seguridad pública que terminará desprotegiendo a los propios ciudadanos.
Para la comunidad latina en Nueva York, la controversia deja un sabor amargo. La promesa de un «estado santuario» que busca proteger a los indocumentados podría convertirse en el detonante de una presencia federal sin precedentes en sus barrios, donde el miedo a ser detenido al salir a trabajar o llevar a los niños a la escuela se vuelve cada día más real.