La Asamblea Legislativa aprobó la noche del jueves 31 de julio la prórroga número 41 del régimen de excepción, medida que estará vigente por 30 días más y que suspende tres garantías constitucionales: el derecho a la defensa, la privacidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de 72 horas para la detención administrativa.
El decreto fue ratificado con los votos de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, en una segunda sesión plenaria que también incluyó la aprobación de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y la eliminación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) como parte del marco constitucional salvadoreño.
El Ejecutivo, al solicitar la extensión del régimen, informó que se han capturado más de 88,000 personas acusadas de pertenecer a estructuras de pandillas. “Es necesario adoptar medidas de carácter excepcional para su desarticulación total”, señala el decreto aprobado.
Según el informe presentado al Legislativo, las autoridades han detectado «persistencia activa» de grupos criminales a escala nacional, involucrados en delitos como tráfico ilícito, extorsión y robos. Además, advierten que cabecillas pandilleros siguen desplazándose en zonas de alta concentración de personas y se mantienen activos incluso fuera del país. Como ejemplo, el gobierno destacó la reciente captura de jefes de estructuras criminales en el Aeropuerto Internacional El Salvador.
“El régimen de excepción continúa sosteniendo una etapa histórica y emblemática del país”, expresó el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro. Agregó que julio podría convertirse en “el mes más seguro del año”, destacando que bajo esta medida se han registrado 861 días sin homicidios.
Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo. El diputado Francisco Lira, del partido ARENA, cuestionó la continuidad del régimen, señalando que se ha convertido en una herramienta de represión. “Estamos a favor de la seguridad, pero no a costa de la dignidad, justicia y derechos humanos de los salvadoreños”, afirmó, aludiendo a casos de personas detenidas de forma arbitraria.
Lira citó una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que refleja que un 39 % de la población considera necesario buscar alternativas al régimen. “Esta nueva prórroga es desproporcional”, puntualizó.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado más de 6,500 denuncias por vulneraciones a derechos fundamentales, incluidas torturas y la muerte de más de 400 personas detenidas durante la vigencia del régimen.
El régimen de excepción fue instaurado el 27 de marzo de 2022 como respuesta a una escalada de homicidios y ha sido renovado mensualmente desde entonces.