En medio de intensas protestas ciudadanas, la ciudad de Miami aprobó este martes un acuerdo que autoriza a su Departamento de Policía a colaborar directamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de inmigrantes indocumentados.
Con una votación dividida de tres a dos, los comisionados municipales dieron luz verde al convenio conocido como 287(g), que permite a agentes locales actuar en funciones propias de inmigración federal, facilitando así procesos de detención y deportación en coordinación con ICE.
El acuerdo ha generado fuerte rechazo en una ciudad cuya población está compuesta mayoritariamente por extranjeros. Según cifras de USAFacts, aproximadamente el 54 % de los habitantes de Miami nacieron fuera de Estados Unidos, y el 70 % se identifica como hispano o latino.
Durante la sesión, decenas de manifestantes se congregaron frente al Ayuntamiento con carteles que leían “El pueblo unido defenderá a las familias migrantes” y “ICE es la nueva Gestapo”. Entre los opositores estuvo Dariel Gómez, representante de la ACLU, quien advirtió que convertir a la policía local en agentes migratorios “pone en riesgo a toda la comunidad”.
A favor del acuerdo, el jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, argumentó que la legislación estatal los obliga a cumplir o arriesgar la pérdida de recursos financieros del estado.
El estado de Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, ha sido pionero en adoptar la política migratoria del presidente Donald Trump, con leyes que exigen a todos los condados firmar acuerdos similares con ICE. La semana pasada, el fiscal general James Uthmeier anunció que Florida es el primer estado con un enlace oficial permanente de ICE, facilitando una línea directa de cooperación entre autoridades estatales y federales.
Además del acuerdo policial, activistas han alertado sobre otro convenio pendiente de votación el próximo 26 de junio que permitiría a ICE pagar 50 dólares por retener a migrantes hasta por 48 horas en las cárceles del condado Miami-Dade, y acceder con libertad a información y a los detenidos.
Organizaciones como el Community Justice Project han denunciado que estas medidas fomentan la discriminación racial, el perfilamiento étnico y posibles violaciones a los derechos civiles. “No están obligados legalmente a firmar estos acuerdos. Son costosos, discriminatorios y peligrosos”, afirmó el abogado Will Mann.
Miami, símbolo de la diversidad cultural en Estados Unidos, se encuentra así en el centro de una de las decisiones más controvertidas sobre cooperación migratoria a nivel local.