La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se manifestó en contra de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada este martes, señalando que la normativa carece de criterios claros y «taxativos» para definir qué organizaciones estarán exentas del impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras. Según Ortiz, la falta de especificidad en la ley permitirá que sea el gobierno quien decida, de manera discrecional, qué organizaciones serán sujetas a impuestos y cuáles no, lo que, en su opinión, podría ser utilizado como una herramienta para perseguir a las organizaciones que critican al Ejecutivo.
Ambigüedad en los criterios de exclusión
Ortiz subrayó que, aunque la ley menciona ciertas exclusiones, no establece criterios claros para determinar qué organizaciones podrían quedar fuera de la aplicación del impuesto. La diputada consideró que esto genera un alto nivel de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades, lo que puede abrir la puerta a abusos.
«Va a ser el gobierno el que va a decidir qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional va a estar sujeta a controles o al impuesto del 30% y cuáles no», manifestó Ortiz, cuestionando la transparencia y la justicia de este sistema.
La diputada de Vamos también advirtió que las organizaciones que denuncian presuntos actos de corrupción o que se oponen a políticas gubernamentales podrían ser las más afectadas por esta ley, al ser seleccionadas de manera arbitraria para cumplir con el nuevo impuesto.
«No sorprenderá, así como ustedes actúan, que esos criterios se apliquen solamente a aquellos a quienes a ustedes les convienen, a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder», señaló, acusando al gobierno de usar la ley para silenciar a quienes critican sus políticas.
Claudia Ortiz también calificó la ley como una «herramienta autoritaria para la censura». La diputada cuestionó el artículo 20 de la normativa, que otorga al presidente de la República la facultad de aprobar reglamentos sin límites claros para la aplicación de la ley. Según Ortiz, este artículo representa una «inseguridad jurídica» porque deja al Ejecutivo un amplio poder para crear reglamentos adicionales sin control legislativo, lo que vulneraría la separación de poderes.
“El artículo 20, mejor lo hubieran titulado ‘artículo de la inseguridad jurídica’, porque el Ejecutivo puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación para implementar esta ley”, afirmó. Para Ortiz, esta disposición otorga al gobierno una habilitación legal amplia que no corresponde a un país democrático, sino a un gobierno con tendencias autoritarias.
La legisladora también expresó su preocupación por el impacto de la ley en los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Según Ortiz, la ley «pone límites y condiciones inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil», lo que podría afectar gravemente el ejercicio de estos derechos.
A pesar de las críticas de la oposición, la Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada con 57 votos a favor de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, así como de sus aliados PDC y PCN. Sin embargo, los partidos ARENA y Vamos votaron en contra de la ley, argumentando que esta representa un ataque a la democracia y a la sociedad civil organizada.
Con esta aprobación, El Salvador se enfrenta a una nueva regulación que tendrá un impacto significativo en las organizaciones internacionales que operan en el país. La ley será monitoreada de cerca, especialmente en cuanto a su implementación y el potencial uso político que se le pueda dar.