Este martes, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con 57 votos a favor, un paso importante que impone un impuesto del 30% a las personas u organizaciones que reciban financiamiento extranjero para actividades en El Salvador, especialmente aquellas que puedan influir en la opinión pública. La aprobación de esta ley generó un fuerte debate, con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendiendo su contenido y asegurando que la medida no afecta la libertad de las organizaciones no gubernamentales (ONG), sino que promueve la transparencia.
Castro defiende la ley como una medida de justicia
“Por fin llegó el día”, afirmó Castro al iniciar su intervención, destacando que la ley está diseñada para regular a las ONG que, según él, se han aprovechado de la población sin rendir cuentas sobre sus fuentes de financiamiento ni el destino de sus fondos. “Estas oenegés, que se han aprovechado de la gente, y es tan justa y tan bonita la decisión que estamos tomando que, ahora, hasta estos maleantes disfrazados de oenegés van a tener la oportunidad de ayudar al pueblo”, expresó el diputado de Nuevas Ideas.
El legislador explicó que la nueva normativa no busca prohibir las actividades de las ONG, sino simplemente exigir que paguen un 30% de impuesto sobre los fondos recibidos del extranjero, informen sobre sus financiadores y detallen el uso de esos recursos. «¿Censura? No estamos hablando de censura. Vivimos en un país libre y democrático», recalcó, rechazando las acusaciones de que la ley limita las libertades.
Reglamento y registro obligatorio
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la creación de un Registro de Agentes Extranjeros, que dependerá del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Las organizaciones deberán registrarse y presentar informes semestrales a la Fiscalía sobre sus actividades y el origen de sus fondos. La ley también prohíbe a estos agentes extranjeros involucrarse en actividades políticas en El Salvador.
Castro subrayó que la ley no afecta a las organizaciones que realicen trabajos sociales positivos, como aquellas dedicadas a atender emergencias, el VIH, el autismo, o el cáncer. Estas ONG no estarán obligadas a pagar el impuesto del 30%. Según el legislador, organizaciones «dignas» que hacen un trabajo social valioso seguirán operando sin obstáculos. «Estas oenegés no van a pagar el 30%», insistió.