La Asamblea Legislativa aprobó este martes el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $500 millones, destinado al «Programa de apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador». Este acuerdo fue suscrito el pasado 31 de marzo, en el marco del entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ratificación del préstamo recibió el respaldo de 57 votos, provenientes de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. En contra votaron los legisladores de Arena y Vamos. El contrato fue inicialmente aprobado por el BID el 20 de marzo, y su suscripción fue autorizada por la Asamblea Legislativa el 25 de marzo. Finalmente, el contrato fue formalmente ratificado este 1 de abril.
Este apoyo financiero, provisto por organismos multilaterales, forma parte de un esfuerzo por fortalecer la estabilidad financiera del país en el contexto del acuerdo con el FMI. El préstamo de $500 millones tiene una comisión del 0.75 % sobre el saldo no reembolsado, que comenzará a aplicarse 60 días después de la firma del contrato. El acuerdo contempla un plazo de siete años y una tasa de interés basada en la tasa de referencia más un margen aplicable para préstamos de capital ordinario.
El pago de la primera cuota se realizará dentro de tres años a partir de la vigencia del contrato, mientras que los intereses deberán ser abonados semestralmente, comenzando seis meses después de la firma del acuerdo.
Este préstamo forma parte de un esfuerzo mayor para mejorar las finanzas de El Salvador. En febrero de 2025, el gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI por un total de aproximadamente $1,400 millones, dentro de un programa de financiamiento bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). Este acuerdo, aprobado por el FMI, abriría la puerta para la liberación de hasta $3,500 millones en préstamos adicionales para El Salvador.
Esta ratificación se enmarca en un contexto de negociaciones internacionales, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica del país frente a desafíos estructurales y fiscales.