Costa Rica trasladó este lunes a los primeros 123 privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario implementado en El Salvador.
Entre los reclusos se encuentran sospechosos del asesinato del policía Gerson Rosales Cascante y personas consideradas de alta peligrosidad, informó el Ministerio de Justicia costarricense.
El centro fue inaugurado el pasado 14 de octubre por la presidenta Laura Fernández y, en su primera fase, tiene capacidad para albergar a 1,020 personas. Las autoridades prevén habilitar otros cuatro módulos para alcanzar un total de 5,100 espacios antes de finalizar el año.
La prisión cuenta con sistemas de videovigilancia permanente, controles de seguridad y áreas de reclusión diseñadas para mantener una estricta supervisión de los internos. La inversión en el proyecto ronda los 35 millones de dólares.
Según las proyecciones oficiales, la entrada en funcionamiento de todos los módulos permitirá reducir la sobrepoblación penitenciaria del 59 % al 15 %.
Fernández ha defendido el proyecto como parte de la estrategia contra el crimen organizado, aunque la cárcel también ha generado cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones por las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos humanos.