El Gobierno de Estados Unidos abrió un proceso para contratar una empresa privada que se encargue de ubicar en México, Guatemala y Honduras a migrantes que fueron deportados o salieron voluntariamente del país y que mantienen multas migratorias sin pagar.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que busca una compañía con capacidad para localizar a los deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto pendiente y facilitar mecanismos para saldar las obligaciones, ya sea mediante un pago total o acuerdos de financiamiento.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alrededor de 66,387 personas expulsadas o que abandonaron Estados Unidos tienen multas pendientes, cuyo monto acumulado asciende a unos $423 millones.
La empresa seleccionada deberá comprobar la identidad de las personas localizadas mediante documentación o evidencia, como registros laborales, facturas de servicios, fotografías de residencia o certificados de defunción en caso de fallecimiento.
El Gobierno estadounidense retomó el cobro de sanciones civiles contra inmigrantes por incumplimientos de la normativa migratoria, incluyendo órdenes de deportación. Actualmente, la multa por no acatar una orden de salida puede alcanzar los $998 diarios tras ajustes inflacionarios.
CBP ya trabaja con empresas privadas para recuperar este tipo de deudas dentro de Estados Unidos, pero esta nueva contratación busca extender las labores de localización y cobro a personas que ahora se encuentran fuera del país.