El juez Juan Carlos Peinado ordenó este lunes la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
La decisión pone fin a una investigación iniciada hace casi dos años y medio a partir de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. El expediente será remitido ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá determinar la fecha del juicio, que se celebrará ante un jurado popular.
Peinado adoptó la resolución antes de su jubilación y no impuso medidas cautelares ni fianza a Gómez. Sin embargo, ordenó recabar información sobre su capacidad económica, incluidas sus cinco últimas declaraciones fiscales, ante una eventual responsabilidad económica derivada del proceso.
La resolución también establece que Gómez deberá permanecer a disposición de los tribunales y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero. Estas mismas obligaciones fueron establecidas para su asesora, Cristina Álvarez, quien también irá a juicio por un presunto delito de malversación.
El caso está relacionado con la actividad profesional de Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. En su resolución, Peinado sostiene que su trayectoria experimentó un cambio tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018 y plantea que su posición y relaciones pudieron favorecer determinadas actuaciones vinculadas con la cátedra.
Inicialmente, el magistrado había planteado investigar a Gómez por cuatro delitos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid determinó posteriormente que el procedimiento continuara únicamente por tráfico de influencias y malversación, mientras que archivó las imputaciones relacionadas con apropiación indebida y corrupción en los negocios.
La defensa de Gómez ha solicitado su absolución y sostiene que no utilizó su relación con el presidente para obtener beneficios ni cometió las irregularidades que se le atribuyen. La Fiscalía también mantiene una posición favorable al archivo de las acusaciones contra ella.
Por su parte, las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír solicitan una pena de 13 años de prisión para Gómez.
El Gobierno español ha cuestionado la apertura del juicio y ha defendido la inocencia de Gómez, mientras el proceso judicial continúa ahora en una nueva etapa ante la Audiencia Provincial de Madrid.