El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra nueve entidades y dos funcionarios vinculados al Gobierno de Cuba, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para limitar el acceso del régimen de Miguel Díaz-Canel a recursos financieros.
Entre las entidades sancionadas figuran empresas del sector energético, como el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), ENERSA y Einarbo S.A., además de compañías vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), incluido el operador de la Terminal de Contenedores de Mariel.
Las sanciones también alcanzan a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón, y al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, por su presunta participación en el programa de misiones médicas internacionales, señalado por Washington de incurrir en prácticas de trabajo forzoso.
Como parte de las restricciones, Estados Unidos congelará los bienes y activos que las personas y entidades sancionadas posean bajo su jurisdicción y prohibirá a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellas.
El Gobierno cubano rechazó las medidas, calificándolas como un «acto de agresión», y sostuvo que forman parte de una política de presión económica contra la isla. Las nuevas sanciones se suman a otras impuestas en junio contra altos funcionarios del Ejecutivo cubano y familiares del expresidente Raúl Castro.