El Gobierno impulsa cambios a la normativa administrativa para eliminar requisitos formales en trámites vinculados al comercio exterior y las compras públicas. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Economía ante la Asamblea Legislativa de El Salvador y plantea modificar la Ley de Procedimientos Administrativos.
La propuesta busca suprimir la exigencia de legalización o apostilla, así como la presentación de copias autenticadas, documentos impresos o con firma manuscrita, cuando se trate de documentos públicos emitidos en el extranjero relacionados directamente con operaciones comerciales o aduaneras, incluido el registro de productos.
Según la ministra María Luisa Hayem, el objetivo es simplificar gestiones y eliminar formalidades consideradas innecesarias, facilitando los procesos para empresas y ciudadanos, especialmente en actuaciones vinculadas a contrataciones públicas y al ciclo de compras del Estado.
El planteamiento contempla la incorporación de un nuevo artículo 4-A, que permitiría omitir la apostilla cuando existan mecanismos de verificación electrónica o convenios de validación con entidades extranjeras. Asimismo, abre la posibilidad de emitir resoluciones provisionales y otorgar un plazo máximo de 10 días para presentar la documentación formal, en caso de que esta sea requerida posteriormente.
Actualmente, la ley ya elimina ciertos requisitos cuando los documentos han sido emitidos por la misma institución solicitante, se encuentran en registros públicos o han sido presentados previamente y siguen vigentes. Sin embargo, la reforma ampliaría estas facilidades a documentos públicos extranjeros en el ámbito comercial y aduanero.
La iniciativa fue recibida el 18 de febrero y será estudiada en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno del órgano legislativo.
La apostilla es una certificación oficial que valida la autenticidad de un documento público para que tenga efectos legales en otro país.