El Congreso decidirá este martes si retira el fuero de improcedibilidad al presidente Rodrigo Chávez, tras una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que lo investiga por 15 denuncias relacionadas con presunta beligerancia política durante la campaña electoral hacia las elecciones generales de febrero de 2026.
El TSE acusa a Chaves de interferir en procesos electorales, promoviendo la elección de diputados afines al Ejecutivo, lo que estaría prohibido por la ley costarricense. La sanción podría incluir suspensión de cargos públicos o destitución.
Esta es la segunda solicitud de desafuero contra Chaves; la primera, en septiembre, fue rechazada por el Congreso. Bancadas como el bloque evangélico de Nueva República han adelantado que votarán en contra, advirtiendo que un desafuero podría convertir al mandatario en “mártir” y favorecer a su candidata sucesora, Laura Fernández.
El presidente ha cuestionado la competencia del TSE para la solicitud y defendió su derecho a opinar sobre la elección de “38 diputados patrióticos” sin incurrir en delito. Durante su comparecencia en noviembre, calificó la audiencia como “un circo” y una “ópera bufa”.