Los partidos Arena, Vamos y PDC reportaron un financiamiento acumulado de $2,612,886.16 durante 2024, según el Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025, elaborado por Acción Ciudadana (AC). De ese monto, el 96.5 % corresponde a deuda política recibida por Arena y PDC, mientras que Vamos renunció a ese beneficio.
AC solicitó información financiera a ocho institutos políticos, pero solo cuatro la entregaron: Arena, Vamos, PDC y Democracia Salvadoreña (DS). Este último no reportó ingresos. La organización advirtió que los datos evidencian una fuerte dependencia del financiamiento público, mecanismo que ya fue eliminado por la Asamblea Legislativa.
En materia de financiamiento privado, los tres partidos registraron $91,612.30 en donaciones, equivalente al 3.2 % del total; además se documentaron colectas por $7,402.14 y apenas $1,000 provenientes de personas jurídicas. Para AC, estas cifras reflejan la escasa participación del sector privado en el sostenimiento de los institutos políticos. La organización también señaló que Arena entregó información sin firmas ni auditoría, por lo que la catalogó como “extracontable”.
Gastos reportados
Arena, Vamos, PDC y DS informaron gastos por $1,766,011.47 en 2024. Arena concentra la mayor parte, con $1,570,939.86; le siguen el PDC con $162,672.34, DS con $12,341.49 y Vamos con $20,057.78.
Arena indicó que obtuvo ingresos por $2,231,052, de los cuales $2,221,273.86 provenían de deuda política, y reportó gastos en programas, viáticos, alimentación, promocionales y otros rubros. El PDC declaró ingresos por $363,913.80; Vamos registró $17,920.36 en financiamiento privado y DS reportó únicamente gastos operativos sin ingresos asociados.
Aunque GANA no entregó su informe, la Asamblea Legislativa notificó que el partido recibió $28,842.68 en cuotas partidarias durante 2024.
Según Acción Ciudadana, las cifras muestran que, pese a mantener liquidez para cubrir obligaciones inmediatas, los partidos dependen en gran medida del financiamiento estatal, mientras la participación privada se mantiene mínima.