La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la libertad de prensa en El Salvador está siendo “silenciada paulatinamente” por el Gobierno a través de amenazas, intimidación y presiones directas contra periodistas y medios independientes.
La advertencia fue emitida en el informe presentado este domingo, durante la clausura de la 81ª Asamblea General de la SIP, realizada en Punta Cana. El documento ubica a El Salvador entre los países con alta restricción a la libertad de prensa, de acuerdo con el Índice Chapultepec, y recuerda que el país ha retrocedido 61 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras en los últimos cinco años.
“Estas acciones han provocado que muchos comunicadores y redacciones importantes se marchen del país”, señala el informe, que también destaca contradicciones en el discurso oficial, pues mientras el Gobierno asegura respetar la libertad de expresión al no haber periodistas encarcelados ni medios clausurados, los registros nacionales e internacionales documentan un patrón de acoso y hostigamiento.
Según datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre el 1 de mayo y el 14 de julio de 2025 se registraron 180 agresiones contra periodistas, incluyendo acoso físico y digital, intimidaciones, insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio del periodismo.
El informe también detalla que, desde el 13 de junio, al menos 43 periodistas han sido desplazados forzosamente debido a hostigamiento, amenazas o temor a detenciones arbitrarias. La SIP advierte que existen indicios de que el Gobierno mantiene listas de vigilancia y seguimiento contra comunicadores y defensores de derechos humanos.
En junio, la SIP y 17 organizaciones internacionales exhortaron al Gobierno salvadoreño a detener la persecución contra la prensa y garantizar la integridad de los periodistas, además de cesar las prácticas de vigilancia.
El organismo hemisférico también expresó preocupación por los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros, cuya aplicación provocó el cierre temporal de las oficinas de la APES y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior. Según la SIP, esta normativa se utiliza para gravar y presionar a organizaciones independientes críticas del oficialismo.
El informe concluye que la represión contra los medios impacta directamente en la ciudadanía. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA reveló que seis de cada diez salvadoreños evitan opinar abiertamente sobre temas políticos por miedo a represalias, lo que, según la SIP, “confirma un clima de autocensura que erosiona la libertad de expresión en el país”.