A más de un año de haber asumido sus cargos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no han tomado medidas contra los ciudadanos que se negaron a integrar los organismos electorales temporales durante las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) de 2024.
De acuerdo con fuentes internas consultadas por Diario El Mundo, el colegiado no impondrá sanciones a los salvadoreños que se rehusaron a formar parte de estructuras como las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Receptoras de Votos en el Extranjero (JRVEX), donde fueron seleccionadas aleatoriamente al menos 103,000 personas del padrón electoral.
El artículo 242 del Código Electoral establece que quienes se nieguen injustificadamente a desempeñar cargos en organismos electorales o abandonen sus funciones deben recibir una multa de entre $25 y $114.28, dependiendo del puesto asignado. Además, quienes no cancelen dicha sanción pueden enfrentar restricciones migratorias, impedimentos en trámites de antecedentes penales y policiales, en la obtención del Documento Único de Identidad (DUI) y en la refrenda de licencias de conducir.
Sin embargo, una de las fuentes señaló que “ningún colegiado ha procesado a nadie por ese motivo”, confirmando que no se aplicarán medidas.
Para justificar la inasistencia a las juntas, los ciudadanos debían presentar documentación que acreditara las causas que les impedían ejercer el cargo.
En los comicios de 2024, el TSE instaló 8,562 Juntas Receptoras de Votos en 1,595 centros de votación a nivel nacional. Para ello, convocó a 102,855 ciudadanos dentro del país y 981 en el exterior. Los primeros cuatro miembros de cada JRV fueron propuestos por los partidos con mayor votación en la elección anterior, mientras que el quinto integrante fue designado por sorteo.
El Tribunal elaboró tres listados de 34,285 personas cada uno para cubrir las vacantes y sustituciones necesarias. Aunque en diciembre de 2023, la entonces presidenta del TSE, Dora de Barahona, advirtió sanciones contra quienes incumplieran el llamado, para junio de 2024 los magistrados ya habían decidido dejar el tema en manos del nuevo pleno, que finalmente optó por no ejecutar las multas previstas en la ley.