La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, informó este viernes que el Gobierno de El Salvador no respondió a una carta enviada por cuatro relatores de la ONU, en la que expresaban su preocupación por las posibles detenciones arbitrarias de activistas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
“Ya pública: carta al gobierno de #ElSalvador sobre la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos de la @Unidehc. Lamento no haber recibido una respuesta @cancilleriasv”, publicó Lawlor en su cuenta oficial de X.
La misiva, enviada el 15 de mayo y publicada este 10 de octubre, fue divulgada luego de 60 días sin respuesta por parte del Estado salvadoreño. En ella, los relatores expresan su preocupación por la presunta detención arbitraria del defensor Fidel Zavala, así como por los procesos judiciales y órdenes de captura contra Ivania Cruz, vocera de Unidehc, y Rudy Joya, abogado de la organización. También señalan los allanamientos a la oficina de Unidehc y al domicilio de Cruz, además de las detenciones de 24 líderes comunitarios de La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.
Los expertos pidieron al Gobierno salvadoreño explicar la base fáctica y jurídica de las detenciones y los cargos, entre ellos asociaciones ilícitas, comercialización ilegal de parcelas y ejercicio ilegal de la profesión, además de informar sobre las garantías de debido proceso y juicio imparcial.
La carta fue firmada por Mary Lawlor, relatora sobre defensores de derechos humanos; Matthew Gillett, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Irene Khan, relatora sobre libertad de expresión; y Gina Romero, relatora sobre libertad de reunión pacífica y asociación.
Los hechos señalados por los relatores
En la carta se detalla que el 26 de febrero de 2025 la Fiscalía General de la República habría publicado una fotografía de los líderes comunitarios de La Floresta en sus redes sociales, describiéndolos como una red de estafadores.
Los relatores también mencionan que, tras un desalojo en la comunidad La Floresta, la Unidehc presentó un aviso penal ante la Fiscalía y una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por presuntas irregularidades en las detenciones.
Asimismo, señalan la captura de más de 20 líderes comunitarios, incluidas dos mujeres embarazadas, quienes habrían sido arrestadas en un operativo acusado de varios delitos, entre ellos amenazas agravadas, comercialización irregular de parcelas, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de la profesión y agrupaciones ilícitas.