El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este jueves en Quito un paquete de $19.5 millones en asistencia para Ecuador, destinados al combate del narcotráfico y la criminalidad, en medio de la creciente violencia que atraviesa el país sudamericano.
Del total, $13.5 millones se dirigirán a la lucha contra drogas y crimen organizado, mientras que $6 millones se invertirán en drones para la Fuerza Naval ecuatoriana. Rubio aseguró que se trata del inicio de una cooperación más amplia y no descartó la posibilidad de un despliegue militar estadounidense en territorio ecuatoriano, en caso de que el Gobierno lo solicite.
«Si Ecuador nos invita formalmente, estudiaremos regresar con bases militares. Es un lugar estratégico», señaló, recordando que EE. UU. operó instalaciones en el país hasta el mandato de Rafael Correa.
La visita de Rubio coincidió con la presentación del nuevo referendo de Daniel Noboa, que incluirá una pregunta sobre la eliminación de la prohibición constitucional para permitir bases extranjeras. El plebiscito está previsto para diciembre.
Estados Unidos declaró oficialmente a las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas. Rubio explicó que esta clasificación permitirá aplicar la legislación estadounidense contra sus miembros y redes de apoyo, incluyendo la incautación de propiedades, la intervención del sistema financiero y un mayor intercambio de inteligencia con Ecuador.
El secretario adelantó que podrían añadirse uno o dos grupos más a la lista.
Entre enero y julio de 2025, Ecuador registró 5,268 homicidios intencionales, un aumento del 40 % frente al mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. La violencia se ha atribuido al fortalecimiento de bandas criminales que controlan rutas del narcotráfico.
La canciller Gabriela Sommerfeld informó además que ambos gobiernos discuten la modernización del tratado de extradición, vigente desde hace más de un siglo.
En paralelo, las autoridades de EE. UU. anunciaron la incautación récord de 300,000 kg de precursores químicos para metanfetamina, transportados desde China hacia el cartel de Sinaloa en México. La fiscal federal Jeanine Pirro calificó el decomiso como «la mayor operación de este tipo en la historia del país».