La Asamblea Nacional de Nicaragua, a propuesta del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó este jueves una reforma parcial a la Constitución, la cuarta en lo que va del año impulsada por el Ejecutivo.
La enmienda establece sanciones para los servidores públicos que no administren correctamente los fondos y bienes del Estado. Según el texto, el incumplimiento de estas disposiciones será causal suficiente para su remoción inmediata, sin perjuicio de responsabilidades administrativas, civiles o penales.
«Las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente, así como los nombrados por Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución y la correcta administración de los fondos y bienes del Estado», señala la reforma.
El Parlamento explicó que la modificación se enmarca en la lucha del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional contra la corrupción, y busca garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Durante el debate, los legisladores sandinistas indicaron que la reforma está vinculada a la creación de la nueva Procuraduría General de Justicia, establecida el pasado 6 de agosto, encargada de proteger el patrimonio público y combatir la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado.
La Procuraduría ejercerá la representación legal del Estado y del pueblo nicaragüense, integrando a la antigua Procuraduría General de la República, al Ministerio Público y a otros organismos con funciones similares. Asimismo, tendrá facultades para identificar, perseguir y procesar a los responsables de actos que lesionen el patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del país.
La reforma deberá recibir la aprobación en segunda legislatura el próximo año para que entre en vigor.