El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado para mantener plazos de hasta 24 meses en la etapa de instrucción contra miembros de pandillas y otras estructuras criminales, a pocos días del vencimiento del decreto transitorio 803, previsto para el 25 de agosto.
La propuesta establece que, una vez la Fiscalía General solicite al juez la asignación de un número de causa para cada estructura, el plazo de investigación comenzará a contarse desde esa solicitud y no desde la fecha de captura de los imputados. Esto permitiría concentrar a todos los integrantes en un solo proceso penal, incluso si fueron detenidos en momentos distintos.
La iniciativa también plantea que, tras la acusación fiscal, se convoque a una Audiencia Única Abierta dentro de los 60 días siguientes, la cual se mantendrá en desarrollo hasta por dos años o mientras haya integrantes pendientes de juzgar. El juez podrá cerrarla y reabrirla si surgen nuevos implicados o evidencia de actividad criminal.
De aprobarse, la reforma instruiría a la Dirección General de Centros Penales a acatar de inmediato las órdenes judiciales que se emitan bajo este nuevo esquema, eliminando registros vinculados al decreto 803.
Según Villatoro, la medida busca “mayor eficiencia y eficacia en la determinación de responsabilidades” dentro de procesos complejos contra el crimen organizado.