Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes interpusieron este miércoles una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump, denunciando severas restricciones al acceso a defensa legal en el centro de detención de Alligator Alcatraz, recientemente inaugurado en el sur de Florida.
La querella fue presentada en representación de migrantes detenidos en el recinto y de firmas legales que intentan brindarles apoyo, como Florida Keys Immigration y Sanctuary of the South, y cuenta con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y Americans for Immigrant Justice.
Según los demandantes, el Gobierno ha impuesto múltiples obstáculos que impiden a los detenidos ejercer su derecho a asesoría jurídica. Entre las denuncias se incluyen la prohibición de visitas legales, restricciones al uso de llamadas o videoconferencias confidenciales, y la imposibilidad de intercambiar documentos legales entre abogados y sus clientes.
“Estas condiciones constituyen una grave violación del debido proceso y de los derechos fundamentales de los migrantes”, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto. Advirtieron además que estas barreras afectan no solo a los detenidos, sino también al funcionamiento de las entidades legales que los representan.
Más allá de las restricciones legales, la demanda también expone condiciones deplorables de detención. Las carpas que albergan a los migrantes en medio de los Everglades —un ecosistema húmedo, poblado por caimanes y pitones— presentan altas temperaturas, proliferación de mosquitos, falta de acceso al agua potable, inundaciones internas y sistemas sanitarios colapsados. En algunos casos, los propios detenidos han tenido que desatascar inodoros con las manos desnudas, denunciaron.
También se registran quejas por alimentación deficiente y la negación de prácticas religiosas básicas, lo que, según los activistas, agrava la ya precaria situación humanitaria.
El centro de detención, construido en apenas dos semanas sobre un antiguo aeródromo a unos 80 kilómetros de Miami, ha generado preocupación desde su apertura por su ubicación remota y su improvisada infraestructura. Diversos sectores consideran que su diseño tiene como propósito aislar a los migrantes y dificultar el escrutinio público y legal.
La demanda busca que un tribunal federal ordene el restablecimiento del acceso legal inmediato, condiciones mínimas de dignidad y la revisión de las políticas impuestas por la administración Trump en este tipo de instalaciones.