El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al gobierno salvadoreño aplicar nuevas medidas tributarias en caso de no alcanzar los ingresos esperados para cumplir con el ajuste fiscal pactado en el marco del programa de Servicio Ampliado (SAF). El organismo internacional publicó este martes su informe final de la primera revisión del programa, donde destaca la urgencia de corregir los desequilibrios fiscales del país.

Aunque reconoce el compromiso de las autoridades para controlar el gasto público, el FMI planteó un conjunto de medidas de contingencia que incluyen tanto la optimización del gasto no prioritario como un abanico de nuevos impuestos.

Entre las propuestas figuran:

  • Cobrar una tarifa de entrada turística de $20 a no residentes.

  • Aumentar los impuestos especiales sobre el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.

  • Elevar las tasas de registro de vehículos.

  • Ampliar la base tributaria del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

  • Introducir un “impuesto verde” de $5 por tonelada de emisiones contaminantes.

  • Aplicar IVA a los servicios digitales.

  • Gravar las ganancias de capital con una tasa del 30 % y establecer un impuesto del 10 % sobre los dividendos distribuidos.

El programa fiscal acordado con el FMI prevé un ajuste de 3.5 puntos del PIB en tres años, comenzando en 2025. El plan incluye una fuerte contención del gasto corriente, especialmente en el rubro salarial, y una reasignación de fondos para programas sociales específicos como alimentación escolar y transferencias monetarias, que no deberán exceder el 1.5 % del PIB.

En paralelo, el gobierno ha presentado compromisos para fortalecer la recaudación, como la expansión de la factura electrónica, que actualmente alcanza al 95 % de las grandes empresas, y medidas para facilitar el cumplimiento tributario, como las declaraciones presuntivas del IVA y la devolución automatizada del IVA, que entrará en fase piloto en agosto.

El FMI también destacó que El Salvador trabaja en mejorar la gestión de riesgos de evasión fiscal mediante el uso de datos de facturación electrónica y acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria.

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