El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó este martes que el gobierno de El Salvador aún debe cumplir tareas clave relacionadas con el manejo de bitcoin y criptoactivos, como parte de los compromisos asumidos en el marco del programa de Servicio Ampliado por $1,400 millones.
Entre los pasos pendientes destaca el retiro definitivo del Estado del monedero digital Chivo, la eliminación del Fidebitcoin –el fideicomiso creado en 2021 para respaldar con fondos públicos la convertibilidad de bitcoin a dólares– y la implementación de un marco legal unificado para supervisar todos los criptoactivos bajo control estatal.
El informe señala que, tras años de tensiones, el bitcoin dejó de ser un obstáculo para el acuerdo con el FMI gracias a la reforma aprobada en enero de 2025, que eliminó su aceptación legal como moneda de curso obligatorio y prohibió su uso para el pago de impuestos desde el 1 de mayo.
Aunque el gobierno se comprometió a no adquirir bitcoin de forma voluntaria ni emitir deuda vinculada al criptoactivo, el FMI detectó “incumplimientos mínimos” derivados de fluctuaciones en depósitos denominados en bitcoin dentro del monedero Chivo. No obstante, no se hace mención a las operaciones realizadas por la Oficina del Bitcoin, creada bajo la tutela de Casa Presidencial.
Según el informe, el gobierno ya publicó un plan para cesar su participación en Chivo, el cual finalizará oficialmente a finales de julio de 2025. Una vez ejecutado, los fondos de los usuarios se custodiarán en el Banco Central de Reserva (BCR), lo que garantizará mayor seguridad para los ahorros en dólares.
Asimismo, se prevé la liquidación del Fidebitcoin, y se comprometió la publicación de los estados financieros auditados del monedero por un experto independiente antes de finalizar el mes.
El FMI también advirtió que la regulación actual de los criptoactivos es fragmentada, ya que el Bitcoin está bajo supervisión del BCR y la SSF, mientras que otros activos digitales son gestionados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
Para corregir esta dualidad, el Ejecutivo se comprometió a presentar un marco normativo integral antes de diciembre de 2025, que incluya directrices de inversión y políticas de mitigación de riesgos aplicables a la Agencia Bitcoin, así como una mayor claridad institucional.
Entre los compromisos más relevantes figuran:
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Publicación trimestral de los estados financieros del Fidebitcoin, Chivo, CEL y LaGeo.
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Entrega de una declaración firmada al FMI con todas las direcciones públicas de monederos digitales (activos y fríos) propiedad del Estado.
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Consolidación del marco legal para la supervisión de todos los criptoactivos estatales.
Con estas acciones, el FMI espera que El Salvador fortalezca su gobernanza financiera, refuerce la transparencia y garantice una rendición de cuentas adecuada sobre el uso de activos digitales por parte del sector público.