El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico al cotizarse en $118,848.30, impulsado por un fuerte flujo de capital hacia los fondos cotizados (ETF) y una creciente adopción institucional. El incremento representa un avance del 4 % en la jornada y un 105 % respecto al mismo período del año pasado, según datos de CoinMarketCap.
Durante la madrugada, la criptomoneda llegó a rozar los $118,856, antes de retroceder ligeramente a $117,300, cifra que aún representa un aumento de más de $7,400 respecto al mes anterior.
Este auge se ha visto alimentado por un ingreso récord de liquidez a los ETFs de Bitcoin, que acumulan más de $51,000 millones en lo que va de 2025. Solo el jueves, los fondos absorbieron $1,180 millones, una de las inyecciones de capital más significativas del año. También ha influido la postura favorable hacia las criptomonedas del presidente estadounidense Donald Trump, lo que ha reforzado la confianza de los grandes inversores.
La volatilidad del mercado benefició a los traders alcistas y provocó la mayor liquidación de posiciones cortas del año, con más de $1,130 millones en pérdidas, de los cuales $1,010 millones correspondieron a ventas en corto. En paralelo, el interés abierto en futuros de Bitcoin se disparó en $2,000 millones en apenas cuatro horas, con el 52 % de las apuestas proyectando nuevas alzas.
En este contexto, El Salvador, que mantiene una de las apuestas más visibles a nivel estatal por el Bitcoin, elevó el valor de sus reservas estratégicas a más de $700 millones. La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) confirmó que el país posee 6,233.18 bitcoins, valorados actualmente en $708.5 millones.
“El Salvador supera los $700 millones en reservas estratégicas de Bitcoin”, publicó la ONBTC en su cuenta oficial de X.
El país centroamericano fue el primero en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, bajo el gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, tras la reciente aprobación de un acuerdo de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa retiró el estatus de curso legal a la criptomoneda y limitó el uso estatal de fondos para su adquisición, como parte de los compromisos asumidos con el organismo multilateral.