El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicará mañana en el Registro Federal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 72 000 hondureños y 4 000 nicaragüenses que residen legalmente en Estados Unidos desde 1999, según un borrador adelantado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial, por lo que los permisos de trabajo y la protección contra la deportación vencerán el 6 de septiembre de 2025.
El DHS sostiene que Honduras y Nicaragua “ya no reúnen las condiciones extraordinarias” que justificaron el amparo humanitario concedido tras el devastador huracán Mitch en 1998. Entre las mejoras citadas figuran la expansión del turismo y la energía renovable en Nicaragua, así como proyectos de infraestructura “que transformarán la economía hondureña”.
Florida será el estado más afectado: allí reside uno de cada tres beneficiarios del TPS. Los trabajadores protegidos se concentran en sectores como la agricultura, la hostelería y los servicios, por lo que expertos alertan sobre un posible vacío laboral y la pérdida de aportes fiscales estimados en miles de millones de dólares anuales.
El anuncio llega menos de dos semanas después de que la Administración Trump intentara cancelar el TPS de 521 000 haitianos, decisión paralizada por un tribunal federal.
En mayo, la Corte Suprema avaló la terminación del estatus para 350 000 venezolanos, reforzando la estrategia del Ejecutivo.
Durante su primer mandato, Trump ya había buscado revocar el TPS a migrantes de El Salvador, Haití, Nepal y Sudán; varias acciones quedaron frenadas en cortes federales.
Organizaciones pro‑migrantes denuncian que el retorno forzoso pondrá en riesgo la seguridad de miles de familias y desestabilizará economías locales en Centroamérica. Se prevé una nueva ola de litigios para frenar la medida, mientras congresistas demócratas reactivan proyectos de ley que otorgarían residencia permanente a los actuales beneficiarios del TPS.
Próximos pasos para los afectados
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Periodo de gracia de 60 días: los titulares deben buscar asesoría legal para evaluar opciones (asilo, peticiones familiares, visas laborales).
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Notificación individual: USCIS enviará cartas con instrucciones sobre el final de los permisos de trabajo.
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Posibles extensiones: los jueces podrían emitir órdenes temporales que detengan la cancelación, como ocurrió con Haití la semana pasada.
Con la revocación del TPS para hondureños y nicaragüenses, la Administración Trump acelera su política de reducción de programas humanitarios y aumenta la incertidumbre de miles de migrantes que han vivido más de dos décadas en EE. UU. El desenlace dependerá de los tribunales y de la capacidad del Congreso para ofrecer una vía legislativa de regularización.