La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que el Gobierno ha logrado regularizar 65,901 lotes, correspondientes al 80 % de los casos afectados por la lotificadora Argoz, una de las estafas inmobiliarias más grandes en la historia del país.
“Después de que la Fiscalía iniciara el proceso judicial y un juez nombrara un interventor como administrador temporal, nuestros equipos técnicos, sociales y legales comenzaron a trabajar para dar seguridad jurídica a miles de familias”, explicó Sol en una reciente comparecencia pública.
La regularización, aclaró la funcionaria, es el primer paso para que las personas puedan obtener su escritura de propiedad, y forma parte del compromiso del Ejecutivo con las víctimas de esta estafa. Como parte del procedimiento, las familias deberán acercarse a las sucursales habilitadas de Argoz para continuar con el trámite de escrituración, que incluye el plano de segregación simple, descripción técnica, replanteo en campo y el proceso para la declaratoria de interés social.
Al ser catalogados como de interés social, los afectados solo deberán cubrir el 25 % de los costos de inscripción ante el Centro Nacional de Registros (CNR) y de la elaboración de la escritura pública.
Las oficinas de atención de Argoz están ubicadas en San Salvador, Santa Tecla, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel, y también se ha habilitado la línea telefónica 2245-9100 para consultas.
Desde diciembre de 2023, ocho personas —entre ellas Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán— enfrentan un proceso judicial por los delitos de estafa agravada, comercialización irregular de lotes y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la investigación, los acusados utilizaron diversas empresas para comercializar lotes sin cumplir con los requisitos legales. A miles de compradores no se les entregó documentación que acreditara la titularidad de sus terrenos, a pesar de haber pagado en su totalidad. Las autoridades calculan que, durante más de dos décadas, esta red se benefició con más de $140 millones, mientras las instituciones del pasado permanecieron inactivas.