El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana reanudó este miércoles el juicio contra 10 exempleados de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), acusados de cometer una serie de irregularidades en procesos de licitación en el puerto de Acajutla y de fabricar documentos falsos para contratar personal vinculado a pandillas.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían alterado bases de licitación entre 2021 y 2022 para beneficiar a personas cercanas al exgerente Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, también procesado en el caso. Además, el grupo exigía dinero a terceros con el propósito de sobornar a un empleado de la alcaldía de Colón (ahora La Libertad Este), a fin de obtener constancias y solvencias falsas para facilitar contrataciones dentro de CEPA.
Los implicados enfrentan cargos por cohecho activo, negociaciones ilícitas, agrupaciones ilícitas, uso y tenencia de documentos falsos, cohecho propio, falsedad ideológica agravada e incumplimiento de deberes. Tres de los procesados —Marcos Abdulio Flores de la O, Walter Jeovany Alas (alias «Saylen») y Douglas Esaú Escobar Sanabria (alias «Chucky»)— están acusados específicamente de pertenecer a agrupaciones ilícitas, con posibles vínculos a la pandilla MS-13, según la FGR.
Entre los procesados se encuentran:
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Emérito de Jesús Velásquez Monterroza (exgerente)
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Roberto de Jesús Mendoza Recinos (gerente de Puerto de Acajutla)
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José David Melquisedec Castillo Flores, alias “Tigre”
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Daniel Enrique Vides Madariaga (jefe de Recursos Humanos)
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José Antonio Rodas
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José Andrés Ortega Mejía
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Marcos Abdulio Flores Rivas, alias “Mamut”
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José Ovidio Lemus Rodríguez, alias “Chicle”
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Marcos Abdulio Flores de la O
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Walter Jeovany Alas, alias “Saylen”
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Douglas Esaú Escobar Sanabria, alias “Chucky”
El Ministerio Público sostiene que esta red de corrupción no solo generó pérdidas para el Estado, sino que permitió la infiltración de estructuras criminales en una institución estratégica como CEPA. Las autoridades continúan las diligencias en el tribunal santaneco, donde se prevé que el juicio se extienda por varios días debido a la complejidad del caso y al número de acusados.
La FGR anunció que buscará penas máximas por los delitos cometidos y reafirmó su compromiso con desmantelar redes de corrupción que operan dentro de instituciones públicas.