El Juzgado de Sentencia de Chalatenango dictó este martes una condena de 15 años de prisión contra tres ex altos mandos militares por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido en 1982, durante el conflicto armado salvadoreño.
El fallo, emitido tras un juicio histórico y con la participación de un jurado popular, recayó sobre el exministro de Defensa, general José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Los seis miembros del jurado —cinco mujeres y un hombre suplente— declararon culpables a los tres exmilitares por su implicación en el crimen, considerado de lesa humanidad. La decisión incluyó una condena simbólica contra el Estado salvadoreño por la prolongada inacción judicial, y se ordenó un pronunciamiento público del Comandante General de las Fuerzas Armadas, en el que deberá pedir perdón a las víctimas en nombre de la institución castrense.
Los periodistas Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper fueron emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982 en el caserío Santa Rita, Chalatenango, mientras realizaban labores periodísticas para una televisora de los Países Bajos. La emboscada fue ejecutada por efectivos del Batallón Atonal, que operaba desde la Cuarta Brigada de Infantería.
Pedro Cruz, abogado de las familias, calificó el fallo como un hito judicial: “Después de más de cuatro décadas, se ha hecho justicia en un caso emblemático que representa una herida abierta en la historia del periodismo y de los derechos humanos en El Salvador”.
El proceso judicial, que marcó un precedente al llegar a vista pública por la vía penal, se llevó a cabo con acceso restringido. Solo estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, las partes legales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la fundación Comunicándonos, que acompañó a las familias en la búsqueda de justicia.
Óscar Pérez, presidente de dicha fundación, aseguró que existían suficientes elementos probatorios para establecer que el asesinato fue una acción militar premeditada y coordinada.
Este juicio representa el primer caso de crimen de guerra en ser juzgado penalmente tras la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, y se convierte en un símbolo del largo camino hacia la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto salvadoreño.