El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el envío a la Asamblea Legislativa de una propuesta de ley que impondría un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales. La medida forma parte del relanzamiento de la Ley de Agentes Extranjeros, que busca limitar lo que el gobierno considera injerencia extranjera en asuntos internos.

Según el mandatario, la iniciativa se justifica por el papel de ciertas ONG en movilizaciones recientes, como una protesta en las cercanías de su residencia por parte de familias en riesgo de desalojo. Bukele aseguró que estos grupos estarían siendo instrumentalizados con fines políticos.

El proyecto ya había sido presentado en 2021, pero fue archivado tras el rechazo de organizaciones internacionales y la suspensión de cooperación por parte de países como Alemania.

La propuesta ha generado críticas inmediatas, especialmente de Human Rights Watch, que comparó la iniciativa con leyes aplicadas en regímenes autoritarios de la región. Asimismo, más de 20 organizaciones locales denunciaron detenciones arbitrarias de líderes comunitarios en el contexto del conflicto por el desalojo.

Bukele defendió que los fondos recaudados del nuevo impuesto podrían destinarse a resolver la situación de las familias afectadas, evitando que el Estado cargue con esa responsabilidad.

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