La Policía Nacional Civil (PNC) informó, en horas de la noche, sobre la captura de Nelson Saúl Villalta Platero, empresario de la ruta 29 de la Asociación de Empresarios de Transporte Público de El Salvador (ACOPAC). La detención de Villalta se enmarca dentro de la serie de arrestos realizados esta semana debido al incumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar el servicio gratuito de transporte público, en respuesta al cierre de la carretera Los Chorros.

Villalta Platero, al igual que otros empresarios del transporte, habría desobedecido las disposiciones emitidas por el Ejecutivo entre el 5 y 11 de mayo, donde se implementó la gratuidad del servicio para mitigar el impacto del cierre vial en la capital y sus alrededores.

Con esta detención, se suman un total de 11 transportistas apresados en los últimos días, todos acusados de no cumplir con las órdenes de prestar servicio sin costo para los usuarios. Entre los capturados se encuentran reconocidos empresarios del sector, como Genaro Ramírez de la AEAS, José Alejandro Arriaza de la ruta 202, y Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte, entre otros.

Las detenciones se producen luego de un operativo de la PNC iniciado el lunes, cuando el presidente Nayib Bukele ordenó acciones contra los transportistas que no acataron la disposición presidencial. En ese momento, el mandatario expresó que las sanciones para los infractores serían severas, recordando que en administraciones anteriores, los empresarios del sector operaban con impunidad. Bukele también recalcó que, tras el acuerdo con los empresarios de transporte para financiar el servicio, no se tolerarán irregularidades o abusos.

A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, algunos representantes del sector del transporte, como el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, han solicitado la liberación de los detenidos, argumentando que los arrestos son injustificados. Sin embargo, el presidente Bukele ha señalado que las irregularidades cometidas por algunos transportistas durante los primeros días del plan de gratuidad han sido tomadas en cuenta, lo que ha llevado a nuevas acusaciones de peculado.

El gobierno ha adelantado un pago de $12 millones a los empresarios del transporte como parte de un acuerdo para garantizar la prestación del servicio durante toda la semana, pero insiste en que cualquier acción que afecte a los ciudadanos será severamente penalizada.

Se espera que las autoridades continúen monitoreando el cumplimiento de las medidas y que las investigaciones sobre las irregularidades y las denuncias de peculado avancen en las próximas horas.

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