La Asamblea Legislativa aprobó este jueves reformas clave a la Ley Especial de Migración y Extranjería, entre las cuales destaca la eliminación de la Tarjeta Migratoria de Ingreso (TIM), un cobro de $12 que debía pagar cualquier extranjero que ingresara al país. Esta decisión fue tomada luego de que el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, calificara el cobro de «incongruente» y explicara las enmiendas propuestas, que incluyen la facilitación de la residencia definitiva para inversionistas extranjeros.
Las reformas fueron respaldadas por los votos de los diputados de Nuevas Ideas, el PDC y el PCN, quienes ratificaron las modificaciones que eliminan el pago de los $12 a los turistas y, además, impulsan una serie de medidas para atraer inversión extranjera al país. Entre estas medidas, destaca la creación de un mecanismo más ágil para que los inversionistas puedan obtener la residencia definitiva en El Salvador, lo que representa un incentivo para fomentar el desarrollo económico.
El dictamen favorable fue emitido por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, y fue aprobado con el apoyo de los legisladores que consideran esta reforma como una mejora a la competitividad del país en términos de inversión extranjera.
Además de las reformas migratorias, la Asamblea también ratificó el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones IV (FOMIN IV), cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible e inclusivo a través de proyectos impulsados por el sector privado. Este fondo se enfocará especialmente en apoyar a poblaciones vulnerables y en situación de pobreza.
Asimismo, los diputados aprobaron un refuerzo presupuestario de $105,981.57 para el Ministerio de Hacienda, destinado a contratar una firma auditora externa que se encargue de verificar el uso de los fondos del préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y salud pública.
Finalmente, en una medida orientada a fortalecer la seguridad digital del país, la Asamblea aprobó un presupuesto especial de $12 millones para la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), institución encargada de desarrollar políticas de ciberseguridad y proteger la información del Estado frente a amenazas cibernéticas.
Con estas aprobaciones, El Salvador avanza en la modernización de su marco normativo y refuerza su infraestructura en áreas clave como la migración, la inversión, la seguridad y la respuesta ante emergencias.