El caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y otras diez personas ha generado una gran polémica política en España. La jueza Beatriz Biedma, que instruye el caso, ha decidido procesar a todos los implicados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre los procesados se encuentra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, quien en 2017 contrató a David Sánchez como coordinador de conservatorios musicales de la institución, puesto cuya legalidad se está investigando.
El auto de procesamiento señala que David Sánchez, teniendo conocimiento de que el puesto se había creado específicamente para él, se presentó a la convocatoria de manera formal pero con la intención de simular legalidad, siendo él el principal beneficiario del proceso. Además, se procesa a Luis María Carrero, quien fue empleado del Ministerio de Presidencia y posteriormente jefe de Coordinación de Actividades Transfronterizas de la Diputación.
Este proceso se produce poco después de que David Sánchez y Carrero comparecieran en calidad de investigados, con David Sánchez ya habiendo comparecido previamente. La jueza Biedma ha establecido que el paso a juicio es necesario, aunque la decisión puede ser recurrida.
La noticia ha generado un fuerte debate político en España. El PSOE, partido gobernante, defiende que la denuncia es falsa y que se trata de un ataque político, especialmente por parte del principal partido opositor, el Partido Popular (PP). El PSOE acusa al PP de intentar desestabilizar al Gobierno de coalición de izquierda a través de los tribunales, ante su fracaso en las urnas. El PP, por su parte, ha llevado el caso a la Comisión Europea, denunciando que la contratación de David Sánchez podría haber vulnerado los principios de igualdad e imparcialidad en la Administración pública y que podría haber implicado un trato de favor en un empleo público.
El caso sigue siendo objeto de controversia, ya que ha tocado un tema sensible en el país: la posible nepotismo y el uso de la influencia política para obtener ventajas en el sector público.