La reciente decisión de las universidades públicas de Florida de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado gran preocupación tanto entre estudiantes como defensores de los derechos civiles. Bajo el programa 287(g), las universidades permitirán que las autoridades migratorias trabajen con los departamentos de policía de los campus para interrogar a los estudiantes sobre su estatus migratorio y, en caso de sospecha, detener a quienes estén en el país de manera irregular.
La Universidad Internacional de Florida (FIU) en Miami, que cuenta con una población estudiantil mayoritariamente hispana, ha confirmado que su departamento de policía recibirá capacitación bajo el programa 287(g), lo que implica que estarán facultados para desempeñar funciones migratorias bajo supervisión federal. La presidenta de FIU, Jeanette Núñez, justificó esta medida citando la necesidad de «asegurarse de tener suficiente capacidad y suficientes asientos para los residentes legales del estado de Florida». Sin embargo, la implementación de este programa ha generado incertidumbre, especialmente entre los estudiantes beneficiarios de programas como DACA, que podrían verse más expuestos a la vigilancia de su estatus migratorio.
La decisión obedece a un mandato del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que permite a las autoridades locales y estatales interrogar sobre el estatus migratorio de las personas y realizar detenciones. Aunque no está claro si las personas amparadas por DACA se verán afectadas, ya se han reportado casos en los que estudiantes internacionales de FIU perdieron sus visas F-1, lo que les obligó a abandonar sus estudios. Esto ha levantado preocupación sobre el impacto de las medidas en la comunidad estudiantil, con algunas universidades como FIU ofreciendo asesoría legal a los afectados.
En otras universidades del estado, como la Universidad Atlántica de Florida (FAU) y la Universidad del Sur de Florida (USF), se están tomando pasos similares para formalizar acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g), aunque en USF y la Universidad Central de Florida (UCF), estos acuerdos aún están en proceso.
Los críticos advierten que la colaboración de las universidades con el ICE podría generar un ambiente de temor y desconfianza entre los estudiantes, lo que podría desincentivar el acceso a recursos académicos y de apoyo. Además, algunos temen que esto afecte la diversidad y el ambiente inclusivo que muchas universidades buscan promover.
Por otro lado, figuras como el senador Marco Rubio defienden estas medidas, argumentando que las visas de estudiantes internacionales deben ser revocadas si se descubren actividades que consideren contrarias a los intereses de Estados Unidos. Este enfoque se alinea con la postura de la administración de DeSantis, que ha impulsado políticas más estrictas en torno a la inmigración en Florida.
Mientras tanto, universidades como la Universidad de Miami (UM), que es privada, no han suscrito acuerdos con el ICE bajo el programa 287(g), lo que sugiere una postura diferente en cuanto a la colaboración con las autoridades migratorias.
Este cambio en la política universitaria de Florida representa un punto de inflexión significativo para los estudiantes internacionales y aquellos con estatus migratorio irregular, generando un debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos académicos de los estudiantes.