La jueza federal Indira Talwani ha detenido un intento clave de la Administración de Donald Trump de revocar el programa migratorio conocido como ‘parole humanitario’, que protege a miles de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití de la deportación. Este beneficio, que ampara a alrededor de 530,000 personas, fue instaurado por el gobierno de Joe Biden en 2021 y extendido en 2023 para incluir a migrantes de otros países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la administración de Trump intentó finalizar el programa anticipadamente, con la fecha de cancelación prevista para el próximo 24 de abril.
La decisión de la jueza Talwani, nominada por Barack Obama, es un revés importante para el gobierno de Trump, ya que determinó que la administración no podía terminar el programa de manera anticipada sin una revisión individual de cada caso. Según la jueza, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá respetar la fecha de vencimiento del parole humanitario y no podrá eliminarlo antes de tiempo.
El «Parole Humanitario» y su propósito
El ‘parole humanitario’ fue creado para ofrecer una vía legal a ciudadanos de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, con el objetivo de reducir los cruces fronterizos irregulares y evitar la migración descontrolada, al tiempo que se les permitía a los migrantes residir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos. La medida fue vista como una alternativa legal para muchas personas que, de otra manera, habrían recurrido a vías peligrosas e irregulares para llegar a EE. UU.
En sus inicios, el ‘parole’ fue una medida de emergencia en respuesta a la creciente crisis migratoria y política en América Latina. A los beneficiarios se les requería un patrocinador legal dentro del país, lo que también ayudaba a reducir la carga sobre los recursos públicos. En octubre de 2022, el gobierno de Biden extendió el programa a los migrantes venezolanos, y en 2023 lo amplió a los cubanos, nicaragüenses y haitianos. Sin embargo, la administración de Trump argumenta que el ‘parole humanitario’ no ha tenido un impacto positivo en la reducción de la inmigración ilegal y que, en cambio, ha creado incentivos para más personas de esos países a intentar ingresar al país sin cumplir con las normas.
La controversia y el impacto de la revocación
La decisión del gobierno de Trump de revocar este beneficio, bajo la justificación de que no ha sido «necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal», generó un fuerte rechazo tanto en el ámbito judicial como en la comunidad migrante. A pesar de los argumentos del gobierno sobre el impacto negativo del ‘parole’, muchos críticos afirman que la medida ha sido una forma efectiva de regularizar a aquellos migrantes que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos, y que su revocación afectaría a cientos de miles de personas que han dependido de esta protección.
Por su parte, la administración de Biden ya había previsto no renovar el programa en octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales. Esto significa que, aunque el programa continuará en vigor durante su período original de dos años, después de esa fecha los beneficiarios no podrán extender su estatus legal, lo que podría generar incertidumbre para muchos migrantes que han dependido de esta protección temporal.
Reacciones y consecuencias
La decisión judicial podría tener importantes implicaciones para la política migratoria de los Estados Unidos. Primero, este fallo mantiene en vigor un programa que muchos defensores de los derechos humanos consideran esencial para proteger a los migrantes vulnerables. Además, la sentencia subraya que las políticas migratorias deben respetar los derechos y los procedimientos legales establecidos, lo que podría limitar la capacidad de futuras administraciones para adoptar medidas unilaterales sin una revisión exhaustiva de las circunstancias individuales de los migrantes afectados.
Para los beneficiarios del parole, la prolongación temporal de su estatus legal representa una oportunidad para regularizar su situación, acceder a trabajos y mejorar sus condiciones de vida en un entorno incierto. Sin embargo, el hecho de que el gobierno de Biden haya anunciado que no renovará el ‘parole’ después de las elecciones podría significar una situación aún más tensa y compleja para los migrantes al final de 2024, especialmente en un entorno electoral cargado de debates sobre inmigración.
El ‘parole humanitario’ ha sido una medida clave en la estrategia de la administración Biden para abordar la crisis migratoria, pero también ha sido objeto de controversia política y legal. Mientras que para muchos defensores de los derechos de los migrantes representa una forma necesaria de protección legal, los opositores, incluidos sectores de la administración Trump, argumentan que ha incentivado la migración ilegal. La decisión de la jueza Talwani es un recordatorio de que las políticas migratorias deben seguir un proceso legal y que no se pueden tomar decisiones unilaterales que afecten a miles de personas sin una revisión adecuada. Sin duda, el ‘parole humanitario’ seguirá siendo un tema central en los debates migratorios y electorales de los próximos años en EE. UU.